Militares uruguayos serían procesados por delitos durante la última dictadura

Se trataría del primer caso. Es por dos desaparecidos en Buenos Aires en 1976

Montevideo. - El caso de dos uruguayos secuestrados y desaparecidos en Buenos Aires puede derivar, el mes próximo, en las primeras órdenes de procesamiento contra militares de Uruguay acusados de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en ese país, informó ayer la prensa local.

El diario El País de Montevideo señaló que las autoridades judiciales pueden tomar esa medida en la investigación abierta por la desaparición, en septiembre de 1976, de Adalberto Soba y Alberto Mechoso, ambos militantes del Partido por la Victoria del Pueblo de Uruguay.

Como el secuestro de Soba y Mechoso se produjo en el exterior (Buenos Aires), el caso quedó este año excluido de la polémica ley de Caducidad que amnistió a los militares que violaron derechos humanos durante la dictadura entre 1973 y 1985. Según el matutino, el juez Luis Charles y la fiscal Mirtha Guianze estudian aplicar la figura de desaparición forzada, un delito que las leyes uruguayas castigan con penas de entre uno y nueve años de prisión.

La agencia italiana Ansa informó por su parte que el juez Charles tomó declaración a algunos militares uruguayos retirados que también son pedidos en extradición por Argentina, debido a su presunta participación en el Plan Cóndor, un programa de represión coordinado por las dictaduras latinoamericanas en los años setenta.

Entre esos militares reclamados por Argentina figuran José "Nino" Gavazzo, Jorge Silveira, Ricardo Arab, Gilberto Vázquez y Ernesto Rama, y el ex policía Ricardo Medina, acusado de ser uno de los asesinos en 1976 de María Claudia García, nuera del poeta argentino Juan Gelman, añadió la agencia.

Unos 200 opositores uruguayos desaparecieron durante la dictadura, algunos de ellos en los países latinoamericanos en los que se habían refugiado, de acuerdo con informes de organizaciones de derechos humanos.


Estrategias
La semana pasada, el abogado José Luis González, que representa a la familia Gelman, consideró como una estrategia la decisión de militares retirados de admitir haber cometido violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, buscando como efecto no ser extraditados a la Argentina.

Varios de los militares presuntamente involucrados en secuestros y desapariciones, sobre quienes penden un pedido de extradición desde Argentina, desfilaron la semana pasada por el despacho del juez Charles, y formularon admisiones de haber participado en operaciones clandestinas en Buenos Aires. Uno de ellos es el teniente coronel José Gavazzo, quien reconoció haber coordinado con represores argentinos la situación de detenidos-desaparecidos en un lugar clandestino de reclusión llamado Automotores Orletti.