Explotación. Los trabajadores extranjeros son generalmente mal pagos y se les desconocen sus derechos

Los inmigrantes ven la cara oscura del "futuro mejor" que buscan en el país

Motorizan sectores básicos de la producción, pero se encuentran en situación de desventaja frente a los nativos

Miguel Pisano / La Capital

La Capital/Red de Diarios en Periodismo Social.- Los inmigrantes motorizan los sectores básicos de la producción y los servicios en el país. Llegan de Bolivia, Chile, Paraguay y Perú, en su mayoría para hallar un futuro mejor que se les niega en sus países. Pero, ya sea en Santa Fe, Córdoba, Tucumán o Buenos Aires, a veces caen bajo las redes que tejen sus propios connacionales, o dan con empresarios inescrupulosos que les pagan salarios inferiores a lo que marca la ley, y en condiciones laborales paupérrimas.

Para la crónica basta recordar los abusos que sufrieron ciudadanos bolivianos en talleres textiles de Buenos Aires, reducidos a servidumbre por connacionales.

La situación de explotación laboral que sufren los inmigrantes en la zona de Rosario no dista demasiado de la que padece una parte de los argentinos, pero se halla naturalizada y silenciada al extremo de que no existen estadísticas, datos y ni siquiera denuncias en la Secretaría de Trabajo de la provincia de Santa Fe.

"No tenemos estadísticas ni datos. No hay constancia de que haya trabajadores inmigrantes explotados en nuestra zona ni tampoco en toda la provincia, según nos informó la gente de la secretaría en Santa Fe", sorprendió el director del organismo, el dirigente del Smata (Sindicato de Trabajadores Mecánicos de la Argentina), Hugo Nizam Din, en diálogo con La Capital.

"Nosotros recibimos información por tres vías: en primer lugar hacemos inspecciones, en segundo término tenemos una línea gratuita del 0-800, y en tercer orden hacemos inspecciones con los sindicatos", abundó el funcionario.

Sin embargo, los albañiles paraguayos que trabajan en el boom sojero de la construcción, que tiene más de 1800 obras en marcha en Rosario financiadas con los generosos aportes de la Pampa Gringa, desmienten diariamente la llamativa falta de casos en los archivos de la Secretaría de Trabajo.

A modo de segundo ejemplo, un albañil paraguayo de 45 años que vivía y trabajaba en Rosario, subía hace unos días del piso 10º al 11º de la obra en construcción de un coqueto edificio con un caballete al hombro: tropezó, cayó por el hueco sin protección y murió en el acto.

"Si hubiera habido al menos una soga atada de columna a columna, esto no pasaba", razonó uno de sus compañeros, quienes en voz baja contaron que sufren una flagrante falta de seguridad, de la que no dan cuenta las encuestas.

El hombre vivía con su esposa, hijos y otros familiares en el humilde barrio Cabín 9, que pertenece a la vecina ciudad de Pérez, pegado al lejano oeste rosarino, donde este miércoles asaltaron la agencia de loterías que queda enfrente de la subcomisaría 18ª.

En realidad, la Secretaría de Trabajo hace inspecciones de obras en construcción junto a la Uocra (Unión Obrera de la Construcción), pero solamente cuenta con tres inspectores especializados en higiene y seguridad para controlar a una población de más de dos millones de habitantes, que vive en el sur de la provincia.


Cuidan la quintita
Algunas quintas de verduras y hortalizas de los barrios periféricos de la ciudad y, sobre todo, varias del Gran Rosario, emplean mano de obra de inmigrantes bolivianos, que trabajan en negro y son explotados. Inclusive, existen casos de ciudadanos bolivianos que poseen o alquilan huertas, en las que emplean a sus compatriotas, en una explotación de segundo grado.

"Nosotros hacemos controles a través de la gente de Rurales y de Inspección y vigilancia, pero no tenemos constancia ni denuncias de explotación de inmigrantes ni de trabajos de esas características", advierte Nizam Din.

Otro caso de explotación laboral de inmigrantes consiste en el de las empleadas domésticas peruanas, paraguayas y bolivianas que trabajan en casas rosarinas, cuya situación no dista demasiado de la de sus pares argentinas, que se hallan mayoritariamente contratadas en forma irregular.

"Las empleadas domésticas de otros países cobran igual que las argentinas. El problema es que la mayoría son indocumentadas y no pueden hacer ninguna denuncia legal o reclamo en los organismos oficiales", informa una funcionaria provincial, con una extensa carrera en el área legal.

En un país en crecimiento económico que todavía mira a la justicia social con la ñata contra el vidrio, muchos inmigrantes de países vecinos eligen ser explotados en la Argentina a sufrir hambre en su tierra, a tono con la lógica de los trabajadores uruguayos que apoyan la construcción de las papeleras contaminantes porque eligen el empleo y el pan de hoy por sobre la posibilidad de contraer un tumor dentro de diez años.

Como bien confía un funcionario en off: "Las situaciones de explotación de inmigrantes existen, pero ellos mismos no las denuncian porque tienen temor a las represalias. El trabajo está total y absolutamente precarizado y no va a cambiar si los sindicatos y nosotros no nos ponemos firmes. Si a los inmigrantes los someten deben denunciarlo en el sindicato o en la Secretaría de Trabajo, pero esto es incontrolable porque es gente que acepta hace cualquier cosa con tal de no ser un paria en su tierra. Sobre todo después de la crisis de 2001 y 2002. Hay mucha gente inmigrante que la pasa muy mal, pero prefiere ser explotada y trabajar en negro en la Argentina que morirse de hambre en su país. Es lo que tenemos".

Un taller clandestino de Buenos Aires donde varios bolivianos fueron esclavizados.