Reflexiones

La droga, pandemia social

Gustavo Gerosa

Mucho se ha hablado y escrito en los medios sobre la problemática de la droga y sus consecuencias sociales. Lo grave es que la sociedad parece sentir que se trata de un flagelo incontrolable y que lo único que puede hacer es tratar de convivir lo más lejos posible de él, o mirar para otro lado.

Situados en este punto, gran parte de la sociedad y sus gobernantes parecen creer que la solución es atacar el mal a través de la represión, en lugar de centrar esfuerzos en la prevención como la mejor vacuna para la cura de una enfermedad que está devorando a pasos agigantados el tejido social. Prevenir equivale a actuar y detener las posibles causas antes que las mismas se transforman en un problema. He aquí la clave. Las acciones represivas sólo son medidas de última, que debieran centrarse en el delito en lugar de aplicarse sobre el adicto o como profilaxis para este mal.

El continuo fracaso en esta problemática tiene numerosas causas: políticas de salud, sociales y de educación desarticuladas entre la Nación, las provincias y los municipios, el colapso general de las instituciones, una economía que aún no ha podido revertir las diferencias en el reparto de la riqueza y mantiene a miles de personas fuera del sistema, degradación de la célula familiar, una cultura joven que hace un culto al exceso y la vida transitada al extremo, crisis de la salud pública y la educación, connivencia entre ciertos grupos de seguridad y el narcotráfico, recursos escasos o mal asignados, y además falta de estudios y estadísticas que permitan una mejor y precisa toma de decisiones a la hora de aplicar políticas públicas.

Si la problemática de las adicciones sigue socavando todos y cada uno de los estratos sociales, el país perderá uno de los factores vitales para la producción: el capital humano. ¿Y es este acaso el mayor problema? No. Tengamos en cuenta la violencia, el delito, la degradación de la condición humana y la salud, entre otros factores resultantes.

Es por ello que es imperativo que el Estado implemente políticas preventivas sin más dilaciones, puesto que son éstas las únicas que pueden revertir el espiral descendente. Para ejemplificar, vale recordar que el costo que involucra el tratamiento de un adicto es siete veces superior al costo de prevención por individuo. Esto habla a las claras de que los cuantiosos recursos que requieren un plan de prevención primaria para la adicciones son menores frente a los que se invierten en salud y tratamiento de quienes no han escapado a este flagelo y de aquellos afectados en forma indirecta, sin olvidar los costos sociales y económicos que también producen el sida, la hepatitis y otras enfermedades relacionadas con el consumo de drogas.

Podríamos decir que por costo social se entiende al precio social que paga un país por la pérdida o degradación de sus recursos humanos. El costo en salud que generan las internaciones, y el creciente y alarmante aumento de consultas médicas, la inversión en medicamentos y psicofármacos, las enfermedades asociadas que sufren los adictos, fundamentalmente los intravenosos: endocarditis, hepatitis, cirrosis, sida, traumatismos; las muertes por sobredosis, los fenómenos de violencia, el delito y la prostitución ligados a la necesidad de conseguir dinero para drogas, arrojan un precio demasiado alto a pagar por la sociedad.

Sobre 1.200.000 habitantes que conforman Rosario y Gran Rosario se calcula que entre el 5% y 6% consumen actualmente sustancias ilegales con distinta frecuencia, lo que equivale aproximadamente a 55.000 personas promedio de ambos sexos (en relación de 2 a 1 para los varones frente a las mujeres).

Se estima que la ciudad de Rosario puede asistir en forma anual a aproximadamente 4.000 pacientes. La tasa de recuperación de la población que se somete a tratamiento está en el orden del sólo el 3% -aquellos que emprenden un tratamiento hasta su recuperación definitiva-, y eso nos dice que sólo 120 personas de 55.000 pueden escapar de las adicciones con sustancias ilegales.

Aún más alarmante son algunas de las conclusiones extraídas del trabajo de campo realizado en el curso: "El rol del docente en la prevención de adicciones", dictado en Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Arroyo Seco, Casilda y San Martín de las Escobas a más de 2.000 alumnos que cursan Polimodal. El 40% opinó que las drogas no son perjudiciales para la salud. El 75% piensa que las drogas no generan dependencia. El 50% dice que posee "tolerancia" al consumo. El 25% considera que existe una fuerte Presión Social hacia el consumo de drogas. Sólo el 22% cree que el consumo de drogas incide en los estudios. Debe tenerse en cuenta que estos datos corresponden a jóvenes "escolarizados", lo que hace que estén contenidos en una red social. ¿Qué sucede entonces con aquellos que están fuera de todo ámbito de contención?

En Argentina, el 40% de los casos de sida en mayores de 12 años tiene como antecedentes el uso de drogas por vía inyectable. Alrededor del 50% de los usuarios de drogas inyectables viven con HIV/sida, y la mayoría de ellos, también con el virus de la hepatitis C (VHC).

Es imperativa la implementación de un programa de prevención primaria en adicciones en el cual el Estado, con el apoyo económico de sectores privados, aporte los recursos que demanda una política efectiva de prevención a mediano y largo plazo. Y los aportes privados podrían conseguirse si, porejemplo, el gobierno permite en concepto de donaciones una desgravación impositiva del 5% del impuesto a las ganancias.

La atomización de los magros fondos públicos en numerosos programas destinados a sostener políticas sociales tan complejas y onerosas en la lucha contra las adicciones, pone en evidencia que el financiamiento público necesita de nuevos fondos que oxigenen y apuntalen tamaña empresa. Esta inversión social -que algunos miopes consideran gasto- es una de las muchas formas con las que el sector privado podría contribuir al bien común.

Es necesario buscar en forma urgente una solución al flagelo de las adicciones y sus consecuencias devastadoras. Estamos ante una pandemia que condena a las nuevas generaciones a una nueva forma de esclavitud, signada por la alienación mental que mengua las posibilidades de planificar y conducir sus propios destinos, comprometiendo el futuro y el bienestar de la sociedad en su conjunto.