Reflexiones

Delito, morosidad y justicia

Carlos Duclós

Los medios de comunicación, cotidianamente, muestran la aguda espiral delictiva que se eleva en el país. Mas allá de que algún funcionario haya procurado atenuar esta realidad hace algún tiempo aludiendo a que se trata de una "psicosis", es notorio que tal psicosis secuestra, asalta, viola y mata. Es cierto que hay lugares, como la Capital Federal y el conurbano bonaerense, en donde la ola es más gigante, pero no es menos cierto que en todo el territorio nacional el flagelo vive y parece crecer. Dos hechos sucedidos en lugares distantes del país que conmocionaron a la opinión pública en los últimos días son ejemplos de la ferocidad criminal: el fusilamiento del agente de la Policía Federal Marcelo Chávez, ocurrido el miércoles último durante un asalto en el barrio de Retiro, en Buenos Aires, y la violación y asesinato de una menor de 17 años en el norte de Salta. No conforme con haberla violado, los agresores asesinaron a la chica ahorcándola con sus propias trenzas.

En el caso del agente, papá de dos criaturas, fue ejecutado por un preso que gozaba de libertad condicional, circunstancia que pone en tela de juicio a todo un sistema penal que parece hacer agua y que, a la luz de los razonamientos sustentados por la ciudadanía, no soluciona el problema que es preocupante. Aun cuando las estadísticas sostienen, y es cierto, que la provincia de Santa Fe es, de las grandes provincias, la que menos delitos presenta y con menor virulencia, no es menos cierto que la dimensión del delito sólo puede ser medido, más o menos exactamente, por quien lo padece, es decir por la víctima. Dicho en otros términos y para ser más precisos: es tan importante para un jubilado el arrebato de su sueldo de 600 pesos, como el robo de 500 mil pesos que se pueda perpetrar a una empresa, porque el robo no puede ser medido sólo por el monto, sino por el perjuicio económico que impacta sobre la víctima y el daño físico y moral que provoque. Y por otra parte: ¿cuánto tiempo más se podrá mantener esta relativa ausencia de hechos permanentes y feroces por aquí?

¿Cuál es la participación y mejor aún la responsabilidad que le cabe a la estructura penal a la hora de presentar soluciones? Como ya se ha dicho en otras oportunidades, y es menester remarcarlo, no habrá efectiva morigeración del delito hasta tanto se instale en el país una cultura del trabajo, de la educación, de la adecuada formación ética del ser humano. En este último aspecto, el presidente del Colegio de Abogados de Rosario, Arturo Araujo, ha expresado que "por más que tengamos el mejor Código no habrá solución al problema sino hay un marcado compromiso educativo". No hay nada más cierto y podría decirse que aun con los mejores jueces y perfectos auxiliares de justicia no alcanzará para dar solución a este problema preocupante.

Por eso la cuestión, en opinión de muchos, ha traspasado la red penal para convertirse en una responsabilidad de los distintos Estados comenzando, desde luego, por el Estado nacional, sin que por ello queden al margen los niveles provinciales y municipales.


Poder Judicial y reforma
Pero no sólo está colapsado el sistema penal, sino que (al abarcar la problemática judicial) no es posible dejar de advertir en el país un deficiente sistema de administración de justicia en donde la morosidad judicial, el "juicio eterno", para recordar palabras de un destacado camarista rosarino, está presente oprobiosamente. Y lo cierto es que en todas partes y en todos los fueron argentinos se deniega la justicia de una forma u otra. "Cuando la justicia llega tarde no es justicia", decía un erudito del derecho nacional y la verdad es que la justicia suele llegar tarde, a veces demasiado tarde y en ocasiones no llega. Por ejemplo: es inaceptable que un juicio laboral dure años, cuando las más de las veces se trata de la misma supervivencia de un trabajador y su familia, o que lo mismo suceda en el ámbito civil. Es inaceptable que causas penales prescriban porque nadie las trabajó, o que la ciudadanía asista a la libertad condicional de un violador que reitera el hecho durante el goce del beneficio.

En este escenario tan crítico, ni la justicia, ni los auxiliares de la justicia, parece que puedan hacer demasiado para obtener una solución satisfactoria al tema. Es el sistema social el que está colapsado. Pero resulta obvio que el hecho de que la estructura judicial no pueda tener un protagonismo determinante a la hora de las soluciones, no significa que no deba hacer nada. Es más, sería lamentable que no se hiciera algo. La ciudadanía, en muchos casos harta, está esperando respuestas.


Más sobre el Plan Estratégico
En el ámbito santafesino se ha lanzado un plan ambicioso cual es una reforma judicial profunda (Plan Estratégico) que comprende la reforma de los códigos procesales, entre otras cuestiones importantes. Antes de proseguir con el tema, debe decirse que el Colegio de Abogados de Rosario, de acuerdo con lo informado por sus autoridades, se hizo presente en la reunión realizada en la semana que acaba de transcurrir al sólo efecto de entregar una carta en la que se manifiesta que "la asamblea general extraordinaria convocada por la entidad ha condicionado su participación en el Plan estratégico al cumplimiento previo de los requerimientos que más adelante se precisan".

¿Cuáles son tales requerimientos? "Nombramiento y remoción de magistrados; reformulación de la composición del Consejo Rector y Comisión Ejecutiva; presupuesto del Poder Judicial; procesos constitucionales: ley de amparo, habeas corpus, ley 10.000, acciones declarativas de inconstitucionalidad ("class action") y "análisis a la luz de la Constitución Provincial acerca de la inclusión de integrantes del Poder Judicial en la implementación del Plan". Asimismo, el Colegio considera que debe excluirse de la nómina de la cláusula segunda del acuerdo el "tratamiento e implementación del denominado proyecto de Estado Judicial". Cabe aclarar, de paso, y de acuerdo a lo que se ha hecho saber, que la asamblea extraordinaria de abogados no condicionó la participación del Colegio de Abogados a que se excluyera del Plan Estratégico al Poder Judicial, aunque se solicitó, como se explicita en la carta antes mencionada, que se analice a la luz de la Constitución provincial la inclusión de integrantes del Poder Judicial.

En opinión de quien esto escribe, los jueces tienen mucho que decir a la hora de hablar de reformas, así como los docentes tienen mucho que aportar cuando se habla de cambiar la ley de educación. Y como se ha dicho también en esta columna, un mejoramiento del sistema judicial santafesino es bienvenido y plausible. El mismo aporte deben dar los abogados, los docentes del derecho, los trabajadores judiciales, los legisladores y los representantes del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, hay dos "peros" -entre otros que podrían aparecer- que deben ser reflexionados. Primero: a la hora de la confección de las propuestas, como ya se dijo y debe remarcarse, sería un error que no se escuchara a los beneficiarios de una reforma judicial, esto es los ciudadanos que viven en carne propia la violación de un derecho importante, casi medular, como es el derecho a vivir protegido por la justicia y no ser víctima, además, de la denegación de la misma. En este sentido es dable decir que organizaciones no gubernamentales, entidades intermedias, profesionales ajenos a lo estrictamente jurídico y otras instituciones del Estado, como la policía y el Servicio Penitenciario, deberían ser escuchadas antes de consolidar anteproyectos o proyectos. En tal aspecto, debe cumplirse con el anhelo y pedido del consejo rector de este plan en el sentido de que las comisiones cumplan en llamar a los diversos actores sociales para que expongan sus inquietudes.

El otro "pero" es suponer que la consumación de un plan de reforma para la justicia, necesario por cierto, habrá de solucionar, de modo absoluto, un problema que es de raigambre nacional, moral, cultural y económico. Esta es una sociedad que desde hace mucho tiempo está moralmente herida, educativamente devastada y en muchos casos económicamente desfallecida. Una sociedad atacada por el flagelo de la droga que arrasa con personas y familias y es causante de cuantiosos delitos, una sociedad socavada por trapisondas y tejemanejes que afectan la consecución del bien común y el logro de dar a cada uno lo que le corresponde. Todo esto debe cambiarse de manera urgente para que se pueda decir: ¡Es justicia!