Atribuciones polémicas. Furia opositora tras el debate por los decretos de necesidad y urgencia

Zaffaroni: los superpoderes pueden llegar a la Corte

No descarta que se analice su constitucionalidad en el tribunal. Carrió pronostica el fin de la República

El ministro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Raúl Zaffaroni advirtió que el debate por los superpoderes para el jefe de Gabinete y la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) puede terminar en manos del máximo tribunal ante la falta de acuerdo.

"Son cosas que eventualmente en algún momento puede llegar a conocimiento nuestro, si no todo, algún aspecto de esto, y cualquier cosa que dijese sería un prejuzgamiento", sostuvo el juez, tras asistir a la asunción de la nueva defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, en la Casa Rosada.

Tanto la reglamentación de los DNU, pendiente desde el 94 tras la reforma constitucional, como la concesión de poderes especiales permanentes para que el jefe de Gabinete pueda modificar el presupuesto enfrenta al kirchnerismo con la oposición.

Tras la media sanción, la oposición renovó sus críticas, al advertir que la norma permitirá "un poder sin límites" del Ejecutivo, y apunta a "profundizar el presidencialismo".

La diputada del ARI Elisa Carrió pronosticó el "final de la República con la complicidad de todos", incluidos los medios de comunicación, y afirmó que los superpoderes reclamados por el Ejecutivo "son permisos para robar".

Carrió sostuvo que la administración Kirchner es "omnipotente y fascista", pero advirtió que el resto de la oposición, "de ser gobierno tendría las mismas características".

Asimismo, criticó también al ex presidente radical Raúl Alfonsín, y lo exhortó a preguntarse "cuánto contribuyó él para que esta república se muriera". La chaqueña dijo que "no es cierto" que los superpoderes para el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, sean "herramientas para gobernar" y advirtió que "no vale la pena" discutir sobre el tema, porque el Ejecutivo no "tiene los votos" para imponerlo, y la oposición "no está en condiciones de frenarlo".


En el mismo lodo
Pero recordó que "además de la cuestión numérica, el 90 por ciento" de los opositores, entre los que incluyó a Alfonsín, a Eduardo Duhalde y a Roberto Lavagna, "votó superpoderes alguna vez".

"Estamos frente al final de la República, con la complicidad de todos, también de los medios de comunicación. Es la emergencia final de lo definitivamente tarde", auguró.

También advirtió que "los plenos poderes son permisos para robar, apropiarse de los recursos del Estado en función de intereses personales de enriquecimiento, mecanismos de chantaje y de apropiación de los pobres. Es la privatización final de la República, un capitalismo de amigos, prebendario y fascista".

Alertó que "esta lógica de poder destruye un sistema, con un gobierno omnipotente y fascista y una oposición que de ser gobierno tendría las mismas características".

En esas denuncias coincidieron el titular del bloque de senadores de la UCR, Ernesto Sanz, quien consideró que la medida "es un retroceso" y "una reforma forzada de la Constitución", y el socialista Rubén Giustiniani que advirtió que se "consolidó el abuso" del Poder Ejecutivo en la utilización de ese instrumento para gobernar (ver aparte).

Después de ocho horas y media de sesión el Senado dio media sanción ayer a la madrugada al proyecto que reglamenta la emisión de DNU, una rémora desde la reforma constitucional de 1994.

La norma fue aprobada por 42 votos del oficialismo y 17 votos en contra pertenecientes al radicalismo, justicialistas disidentes y partidos minoritarios. La sanción se produjo después de una extenuante sesión, que comenzó a las 17 y terminó a la 1.30, y de las cuales casi cuatro horas fueron ocupadas por dos extensos discursos de la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales y primera dama, Cristina Fernández de Kirchner, uno al inicio del debate de dos horas y media, y otro al final de una hora y veinte minutos.

A partir de la sanción de la norma, que ahora pasará a la Cámara de Diputados, todos los DNU que firme el presidente de la Nación deberán ser ratificados o rechazados por el Congreso.

Pero el dictamen puesto en consideración establece que los decretos quedarán vigentes en los casos en los que no exista un pronunciamiento parlamentario.

Por este motivo, la oposición sostiene que no habrá cambios respecto de la situación actual, ya que al oficialismo le bastará dejar sin tratamiento los DNU, a partir de su mayoría en el Congreso, para que los decretos mantengan su validez.

Insinuó que los DNU y los superpoderes podrían ser sujetos a revisión.