Buscan en San Lorenzo otro lugar con más enterramientos clandestinos

El Juzgado federal ordenó a Gendarmería Nacional que delimite y fotografíe un nuevo predio señalado

Marcelo Abram / La Capital

San Lorenzo.- La Justicia Federal ordenó a efectivos de Gendarmería Nacional que delimite y tome una serie de fotografías de un sector del cementerio de esta ciudad del que varios testimonios sostienen que podría haber más cuerpos producto de los enterramientos clandestinos realizados durante la dictadura militar.

Si bien los peritos que trabajan en el lugar no recibieron ninguna directiva al respecto, se considera inminente una orden judicial para comenzar los trabajos para una nueva excavación en un lugar de la necrópolis muy cercano al sitio donde a mediados de 2004 comenzaron a aparecer restos humanos.

La orden judicial se cumplió durante la mañana del viernes con la presencia del encargado de la Oficina de Derechos Humanos de la Municipalidad sanlorencina, Marcelo Remondino, quien a su vez también prestó testimonio en esta causa que lleva adelante el Juzgado Federal Nº 4 desde diciembre de 2002.

Precisamente, el sector delimitado en esta oportunidad que fue señalado por Remondino correspondería al indicado en el testimonio que inició la investigación. En el mismo, una mujer manifestó en sede judicial que mientras se encontraba visitando la tumba de un familiar en el invierno de 1976 pudo observar que desde un camión aparentemente militar se arrojaban bolsas y cajones a una fosa.

Sin embargo, a pesar de los logros alcanzados hasta el momento ese lugar todavía no fue objeto de investigación, ya que las excavaciones se iniciaron en un área cercana a la estructura donde funciona el incinerador, luego de que el trabajo realizado por un grupo de geólogos determinara que en ese punto se habían producido movimientos de tierra en forma antinatural.

Esa fue la actividad que dio el primer resultado positivo sobre el tema a mediados de 2004, cuando aparecieron las primeras piezas óseas. De esos hallazgos los antropólogos pudieron reconstruir quince cuerpos y hace poco los restos del primer identificado, Alberto Isidoro Losada, fueron devueltos a sus familiares en la ciudad de Córdoba.

Si bien esta delimitación del nuevo lugar es considerada como la antesala de una nueva búsqueda, el juzgado recibió en su momento algunas notas en las que se le señalaba el abandono del predio, al tiempo que se le solicitaba que se siguiera adelante con la búsqueda de otros posibles enterramientos en el cementerio local.

Desde que el Juzgado Federal Nº 4 recibiera en diciembre de 2002 la primera denuncia acerca de una fosa clandestina de la época del proceso militar, muchas fueron la versiones que tendían a descalificar los hechos o emparentarlos con cuestiones políticas vernáculas.

No obstante, primero fue la localización de la fosa y luego la aparición de los primeros restos óseos, ropas y otros elementos que confirmaron la teoría de muertes violentas.

Los primeros hallazgos de las víctimas de los años de plomo en el país se produjeron en el ala noreste del cementerio, cerca de donde hoy está construido el incinerador, dando por tierra con todas aquellas series de rumores que buscaban subestimar o desnaturalizar la investigación sobre la verdad histórica.


Identidad inminente
Si bien el juez federal Germán Sutter Schneider maneja toda la información referida a la causa con un marcado hermetismo, en las últimas horas se pudo saber que ya se están realizando las últimas etapas de los trabajos de identificación de más restos humanos que fueron hallados en ese lugar.

Si bien LaCapital tiene acceso a fuentes fidedignas, hasta el momento no ha podido conocer la cantidad exacta de las identidades que estarían a punto de revelarse ni tampoco si va a existir una comunicación oficial al respecto. Cabe recordar que cuando se produjo la identificación de Losada el juzgado emitió un comunicado en ese sentido pero lo calificó de "carácter excepcional".

La identidad de Losada se logró establecer en el laboratorio Limó, de la provincia de Córdoba, el que determinó que el cuerpo estudiado pertenecía al joven argentino, militante político cordobés cuya muerte se produjo en forma violenta después de desaparecer misteriosamente, nacido el 25 de mayo de 1953, DNI 10.771.488, hijo de María Amelia Heredia y de Antonio Américo Losada.

Los efectivos de Gendarmería realizan un minucioso relevamiento del área señalada de la necrópolis sanlorencina.