Editorial

Taxis: terminar con las mafias

La agresión e intimidación de que fue objeto un conductor en la zona de la Terminal de Omnibus por levantar pasajeros en un lugar “vedado” por un grupo de colegas que pretende tener un derecho adquirido es clara demostración de que la ley suele ser palabra muerta en la ciudad. Urge implementar controles, más allá del debate sobre a quién le corresponde hacerlo.

La realidad argentina está plagada de cosas que no deberían suceder y sin embargo suceden. En contrapartida, aquello que tendría que ocurrir de modo automático y por ende pasar inadvertido suele no ocurrir nunca, salvo en el escritorio de los funcionarios o en la bienintencionada imaginación de los legisladores. El pasado jueves este diario reveló uno de los tantos casos que reflejan esta penosa tendencia y que forman parte de la realidad cotidiana de los rosarinos: la cooperativa de taxistas que asegura tener "derecho adquirido" sobre la crucial parada de la Estación Terminal de Omnibus Mariano Moreno, un hecho tan insólito como repudiable.

De acuerdo con la gerenta general de la Terminal de Omnibus, Fabiana Cid, la mencionada cooperativa instalada en la puerta "nada tiene que ver" con la estación: "Esa asociación caducó en 1998", aclaró la funcionaria. Es decir, nada menos que ocho años atrás.

Horacio Boix, del Sindicato de Peones de Taxis, fue claro en sus expresiones vertidas ante La Capital y opinó en similar sentido: "La parada debe ser libre, esto no sólo pasa en la Terminal sino en el microcentro y debe terminar porque lo único que conseguimos es el desprestigio frente al usuario", remarcó el gremialista.

En la cruda y dura realidad, sin embargo, nada es como se dice. Y a tal punto se verifica esta contradicción entre palabras y hechos que si algún conductor de un vehículo de alquiler que no integra la susodicha "cooperativa" se atreve a levantar a un pasajero en la zona crítica puede llegar a sufrir violentas represalias, a partir de la implementación de un accionar de índole claramente mafiosa.

Una agresión sufrida por un taxista en Santa Fe y Cafferata fue tema central de la jornada del pasado miércoles. Gustavo Beatriz levantó a una familia frente a la estación y fue víctima de una actitud netamente patoteril por parte de un grupo de colegas que siente poseer un derecho adquirido sobre la parada. En síntesis: no rige la ley, sino la ley de la calle.

Por cierto que comportamientos semejantes pueden vislumbrarse en múltiples esferas de actividad en Rosario y en todo el país: es costumbre nacional convertir en letra muerta a las normas y pocos se ocupan de modificar ese hábito. En este caso la gravedad de lo acaecido debería obrar como poderoso estímulo para que los poderes públicos pusieran manos a la obra. Urge implementar severos controles en la zona de la Terminal, tal como ya lo exigió un grupo de concejales. ¿U otra vez volverá a hacerse como si no hubiera pasado nada?

Una sociedad sólo funciona a partir del cumplimiento de pautas de respeto entre sus integrantes. Si se sigue permitiendo, por temor a pecar de autoritarismo, que se corten calles o se proceda con violencia contra un taxista por supuesta "Invasión de zona" se está dando un peligroso paso en dirección a la anarquía.