Empleo. Un informe de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) señala que el 70% de los puestos de trabajo creados entre 2003 y 2005 son en negro

Clandestinidad y precariedad laboral, las malas compañías del modelo económico

El empleo informal, el cuentapropismo y la desocupación caracterizan al 60% de la fuerza laboral en el país

Cantidad no es sinónimo de calidad y los números del empleo en la Argentina así lo demuestran. En una de las épocas de mayor bonanza que vivió el país como la registrada en el período 2003/2005, con tasas de crecimiento del orden del 9 por ciento, el 70 por ciento de los puestos de trabajo creados fueron en negro. En ese lapso ingresaron al mercado laboral 2,53 millones de personas, de las cuales 1,75 millón no fueron registradas.

Pero la realidad es mucho más crítica si a los trabajadores en negro se le suman los cuentapropistas y los empleados desocupados, un universo que abarca a 9,5 millones de personas y que permite concluir que más del 60 por ciento de la fuerza laboral argentina está precarizada.

Los números hablan de una vieja práctica de la Argentina que parece haberse arraigado en forma crónica e incluso que no hace discriminación de ciclos económicos, sino que -por el contrario- se aprovecha de ellos para sumar ganancias.

A la cabeza de los sectores más afectados por la informalidad están el servicio doméstico (96,2% de trabajadores en negro), los trabajadores de la agricultura y ganadería (79,3%), la construcción (68,8%), la actividad comercial (51,7%), hoteles y restaurantes (51,1%), actividades de subsistencia englobadas en servicios comunitarios, sociales y personales (48,6%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (48,8%) e inclusive la industria manufacturera con el 40,1%.

Un informe sobre "Clandestinidad y precarización laboral en la Argentina 2006", elaborado por Claudio Lozano, Ana Rameri y Tomás Raffo, del Instituto de Estudios y Formación de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), explica que "el total de asalariados creció un 30%, los no registrados crecieron un 53,4% y los registrados apenas el 15,2%". Y aporta algunas razones: "El asalariado en negro permite al patrón maximizar la tasa de ganancia por unidad de trabajo. Es común que en un mismo establecimiento convivan asalariados registrados y no registrados realizando las tareas con igual (o a veces mayor para el trabajador en negro) intensidad de labor productiva", dicen.

De este modo, "la mayor tasa de ganancia se deriva del simple hecho de que el trabajador en negro percibe un salario que en promedio es de 391,8 pesos, mientras que el sueldo de los registrados es en promedio de 1.072 pesos. Es decir, la brecha salarial entre los registrados y los no registrados es de 2,7 veces a favor de los primeros", explican los economistas tomando como base los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).A su juicio, "esta razón explica por qué en el contexto de crecimiento económico lo que más se expandió fue la creación de puestos de trabajo no registrados".


Lo que se pierde
El trabajo en negro es aquel que no está registrado en la seguridad social. Es decir, es aquel trabajador asalariado cuyo patrón no realiza los aportes y contribuciones a la seguridad social. Este empleado no tiene seguro contra riesgo del trabajo, no tiene cobertura médica, tampoco puede cobrar el seguro de desempleo, puede ser echado sin causa, y si persiste en esta situación tampoco podrá jubilarse, porque la legislación actual exige 30 años de aportes.

Según la EPH que realiza el Indec, al 4º trimestre de 2005 (último dato disponible) el 46% de los asalariados no están registrados. "Son 5.033.802 trabajadores que se encuentran en situación de clandestinidad e ilegalidad laboral", dice el estudio de la CTA.

La práctica está tan extendida en el sector privado como en el público e incluso llega al colmo de que en los Ministerios de Economía y Trabajo es donde se concentra el mayor porcentaje de agentes contratados del Poder Ejecutivo, con 3.610 y 3.321 personas respectivamente sobre un universo de 21.230.

De todos modos, si se toma todo el universo del sector público (tres poderes del Estado nacional, estados provinciales y municipales) "suman casi 600 mil los trabajadores en relación contractual clandestina", revela el informe.

"Difícilmente pueda existir un combate efectivo al trabajo en negro cuando el propio Estado usufructúa de esta práctica", señalan.

Aún así, en el sector privado es donde se registra la mayor cantidad de empleo informal, con un nivel del 52,5% de asalariados no registrados, contra el 24,1% del sector público y el 42,8% de ONGs, cooperativas, fábricas recuperadas, etcétera.


Contratos eternos
Otro de los aspectos en que se traduce la flexibilización laboral para los asalariados remite al tiempo de la relación contractual. La teoría dice que una relación de trabajo asalariada se reconoce como tal en la medida que existe un patrón que fija las condiciones en que se incorporará la fuerza de trabajo contratada.

Por otra parte, se supone que la contratación del trabajador es por un tiempo indefinido mientras prospere la actividad que se encare.

Sin embargo, la relación está invertida en la Argentina de estos días. A partir de una serie de normas -profundizadas en la década del 90- se "flexibilizó el criterio de duración del contrato laboral y hoy el 13,3% de los asalariados tiene estipulado un tiempo de finalización de su contrato laboral", explican Lozano, Rameri y Raffo.

En el sector público el porcentaje es mayor y alcanza el 14,3%, contra el 12,6% del sector privado y el 31,4% en otros establecimientos.

Traducido, 1,46 millón de trabajadores asalariados tienen un contrato laboral con un tiempo cierto de finalización. De estos, el sector público concentra a 1.191.716 asalariados (representa el 82% de estos asalariados). Es decir que "el sector público es uno de los que más aprovecha los distintos aspectos normativos que le permiten flexibilizar la contratación de sus trabajadores", explican los investigadores.

De los asalariados que tienen definido un tiempo de finalización de su jornada laboral, el 15,1% es porque la relación laboral depende de un plan de empleo, el 7,7% porque está dentro del período de prueba que establece la normativa actual y el 4,4% porque trabaja a partir de un programa de beca o pasantía.

En el sector público la incidencia de los planes de empleo trepa al 42,7% de los asalariados, con tiempo de finalización, mientras que las pasantías y/o becas explican el 11,1% de los mismos. En el sector privado es más importante el uso del período de prueba como mecanismo flexibilizador del contrato laboral.


Un modelo diseñado
Para los investigadores del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, "el trabajo en negro emerge como uno de los aspectos en que se traduce la reestructuración económica, social y política iniciado con la dictadura de 1976". A su juicio, "al calor de la desindustrilización y la emergencia de la desocupación estructural crearon las condiciones para hacer posible la precarización de los asalariados. Este proceso se vivió con particular intensidad durante la convertibilidad y se profundizó con la salida devaluacionista".

En 1990 la tasa de asalariados no registrados era del 25,2%, salta al 33,4% en 1992, termina en 38,5% en el 2001 y a partir del nuevo tipo de cambio, con la creación de empleo emergente, se ubica en 44,8% en el 2003, en 48,5% en el 2004 y 46% en el 2005.

Más allá de las oscilaciones puntuales de un año respecto de otro, la tendencia es a un crecimiento sostenido de la tasa de asalariados en negro. Así, cuando en 1992 la tasa supera el 30% no vuelve a estar por debajo de ese nivel (como en 1990 y 1991).

Cuando la tasa supera el 35% en 1997 toma un nuevo piso estructural en el cual se mantendrá hasta que en el 2002 supere el 40%. En el 2004 la tasa superó el 45% y actualmente se mantiene en el 46%.


Cuentapropistas y desocupados
Pero el universo del trabajo informal no es exclusivo del sector asalariado. "Una mirada más amplia sobre las condiciones de trabajo supone considerar la situación de los trabajadores por cuenta propia y de los trabajadores que no encuentran empleo (es decir los desocupados)", explican los economistas.

En el caso de los cuentapropistas hay que discriminar aquellos trabajadores por cuenta propia que tienen un título universitario y ejercen su profesión de aquellos que no tienen título y se desempeñan en trabajos de baja capitalización (gasistas, plomeros, carpinteros, pintores, vendedores ambulantes y demás).

Estos últimos se desempeñan en actividades de subsistencia ante la imposibilidad de insertarse en una relación asalariada. Si se tiene en cuenta a los 1.649.893 desocupados, a los 2.731.643 cuentapropistas de subsistencia y a los 5.033.802 asalariados no registrados, resulta que 9.415.338 de trabajadores son precarios.

"Es decir el 60,7% de la fuerza laboral argentina está precarizada", concluyen tajantemente.


Ingresos precarizados
Cuando se compara la evolución de los ingresos de los distintos trabajadores con respecto a la situación del 2001 se observa que los asalariados no registrados presentan una caída del poder adquisitivo de sus salarios del orden del 21,4%.

Para el caso de los asalariados registrados la caída es del 1,2% y para los cuentapropistas de subsistencias hay un leve aumento del 1%.

Sin embargo la precariedad laboral no sólo se remite al tipo de relación contractual que tenga el trabajador. También existe precariedad para los asalariados formales. Esta precariedad viene por el lado de los ingresos.

Cuando se compara el ingreso al que acceden los trabajadores formales en su puesto de trabajo se observa que los que ingresan lo hacen con un salario menor de los que ingresaron antes.

Así, los trabajadores que se insertaron en una relación formal durante el 1º semestre del 2005 lo hicieron con un salario medio de $967, los que ingresaron durante el 3º trimestre del 2005 lo hicieron con un salario medio de $836,2 y los que ingresaron en el 4º trimestre lo hicieron con un salario medio de $708,4.

Es decir, "la formalización de los nuevos puestos de trabajo se resuelve por la vía de una precarización de los ingresos", señalan.

El 70% de los puestos creados desde la reactivación económica son en negro.