En Foco. Conflictos en el cordón industrial

Los hijos y entenados a la hora del reparto

Los esfuerzos del gobierno por contener la puja salarial parecen haber encontrado más respuesta por del lado de los trabajadores que de otros sectores.

Mientras la mayoría de los grandes gremios se atiene al patrón de no pactar aumentos por encima del 20%, a pesar de que hay actividades que podrían subir fácilmente ese techo sin afectar los índices de inflación, el cordón industrial asistió esta semana al primer conflicto generalizado de la era Kirchner por la decisión de la empresa ICI de saldar una discusión salarial con 120 telegramas de despido.

Acostumbrados a reclamar contra los cortes de ruta y los piquetes, algunos analistas y empresarios no reparan en la violencia que contiene la lógica del telegrama fácil para dirimir los conflictos. Lógica que, en en el actual contexto, obra casi como una provocación que debería preocupar incluso al resto de los industriales del cordón.

En medio de la discusión por los incrementos salariales, el grupo empresario con presencia en la región buscó marcar la cancha y demostrar bajo qué condiciones pretende negociar: con trabajadores despedidos.

Cuando se trata de repartir la torta de las ganancias, la puja distributiva suele volverse salvaje. Aun cuando no implique telegramas ni piquetes y, por el contrario, se dirima en las señoriales salas de un tribunal.

Que otra cosa si no una brutal defensa de su participación en el ingreso es la decisión de la Corte Suprema de la Nación de convalidar la exención del impuesto a las ganancias de los jueces, funcionarios que según escala y jurisdicción cobran sueldos que van de 5 a 15 mil pesos.

Con el argumento de la intangibilidad de las remuneraciones, un tribunal integrado mayoritariamente por conjueces (sólo una ministra de la Corte, Carmen Argibay, aceptó poner en blanco sobre negro su opinión favorable a ese privilegio), consagró la elusión de un impuesto general, aprobado por el Congreso de la Nación, y que pagan hasta trabajadores cuyos salarios y próximas jubilaciones están años luz atrás de los ingresos que perciben sus señorías.

Mientras el gobierno le exige a todos los sectores esfuerzos para acordar precios y presiona para que la exigencia salarial no dispare la inflación, los encargados de impartir Justicia deciden que sus bolsillos no se tocan, aunque el resto de los argentinos no pueda llegar a fin de mes. Eso sí, que a nadie se le ocurra cortar una ruta.