Bancarios transferidos piden indemnizaciones

Reclaman compensaciones por la exclusión del Programa de Propiedad Participada del ex Banco Provincial de Santa Fe

Luis Emilio Blanco / La Capital

Sastre.- Unos cincuenta bancarios transferidos a la administración pública -ex empleados del Banco de Santa Fe de la zona centro-oeste- se reunieron en Sastre para analizar la problemática que los une y la posibilidad de llevar adelante reclamos contra el Estado provincial. Además de cuestiones de ajuste salarial y escalafonamiento, el conflicto se fundamenta en reclamos que incluyen el derecho al Programa de Propiedad Participada (PPP) que contempla a los trabajadores que se desempeñaban en la entidad bancaria hasta el 26 julio de 1996, cuando se aprobó la ley 11.387.

Esta crisis comenzó durante la década del ?90 cuando la ola privatizadora impulsada por el gobierno de Carlos Menem incluyó a la entidad crediticia del Estado santafecino. "Para poder llevar adelante las ventas de estas empresas venciendo la resistencia de los gremios, el Gobierno nacional conformó las expectativas de la clase trabajadora expresándoles que participarían en las ganancias de las privatizadas con un diez por ciento de las acciones", explicaron los representantes del estudio jurídico Regali, Bertossi y Asociados, quienes ofrecieron patrocinio para resolver la cuestión a los empleados transferidos.

En ese contexto nacieron los PPP que encontraron escollos en la ausencia de legislación de referencia para conformarlos y de jurisprudencia para resolver sobre la cuestión. Como resultado, en muchos casos los PPP no se concretaron y en otros, la mala administración derivó en intervenciones judiciales. Los trabajadores debieron recurrir a asesores profesionales para canalizar sus reclamos pero una gran parte dejó vencer los plazos y cayeron sus derechos.

"El problema concreto -explicaron los abogados- es que la mayoría de los trabajadores fueron arreados a otras dependencias del Estado renovando el staff del banco casi por completo. La ley de privatizaciones establece que tienen derecho a participar del PPP todos los empleados de la empresa a privatizar. En este caso es imposible ya que el PPP se dispuso para distribuirse entre los actuales empleados del banco, algo que no está contemplado en la ley y por lo tanto es irregular".

Los leguleyos enfatizaron que "los empleados transferidos del Banco de Santa Fe tienen derecho a exigirle al Estado provincial una indemnización por el monto del valor de mercado de las acciones que les hubiera tocado en el reparto. Todo debido a la pérdida de chance ya que los trabajadores no tuvieron posibilidad de adquirir las acciones".

Como antecedentes de esta situación, los representantes legales remarcaron precedentes que calificaron como "valiosísimos" para la resolución de la cuestión y enumeraron las crisis similares que se dieron en las privatizaciones de YPF, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió a favor de los trabajadores en una situación muy parecida a la de los ex bancarios. Se condenó al Estado nacional a abonar a cada agente la suma resultante del valor de mercado de las acciones más los intereses devengados desde la fecha en que hubieran debido acceder al PPP. En dinero, cada agente recibió sumas superiores a los cien mil pesos", aseguraron.

De este modo, cada trabajador del ex Banco Provincial que haya permanecido en la entidad hasta la fecha de sanción de la ley, tiene en sus manos la posibilidad cierta y jurídica de requerir a la provincia un resarcimiento por la exclusión en el PPP con un saldo económico muy favorable.

Los ex bancarios se sienten perjudicados por la política privatizadora del menemismo.