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 domingo, 09 de abril de 2006  
Cesa un bloqueo de rutas en el conflicto por el gas en Bolivia

Pobladores de las provincias del sur boliviano Gran Chaco y O'Connor, que disputan la pertenencia del segundo yacimiento de gas más grande de Bolivia, levantaron ayer el bloqueo de rutas que mantuvieron nueve días, por lo que decenas de camiones de carga reanudaron su viaje desde y hacia Argentina.

En el límite fronterizo de Gran Chaco y O'Connor está el campo Margarita, que junto a los campos Itaú, San Antonio y San Alberto es uno de los mayores yacimientos de gas de Bolivia, cuyas reservas probadas superan 48 trillones de pies cúbicos, las segundas más grandes de Sudamérica, después de Venezuela.

Los habitantes de Gran Chaco y O'Connor aceptaron que su problema de límites, de cuya solución depende a cuál provincia pertenece el yacimiento, sea resuelto por el gobierno central, tras fracasar las gestiones de la prefectura (gobernación) de Tarija, a cuya competencia correspondía resolverlos.

"El gobierno se comprometió a hacer una valoración mediante la Unidad Técnica de Límites en los próximos 30 días y presentarlo a la autoridad llamada por ley para conocerlo", anunció el viceministro de Descentralización, Fabián Yaksic.

El bloqueo impidió el arreglo de dos oleoductos y un gasoducto, obligó a disminuir envíos de gas a Brasil y provocó un severo racionamiento de electricidad y agua en Tarija, distante 1.250 kilómetros al sur de La Paz, en cuyo territorio están los yacimientos más ricos en gas.

El campo Margarita, del cual se exporta el fluido a Brasil y Argentina, tiene 10,5 trillones de pies cúbicos de reservas probadas y probables de gas natural.

Fue descubierto en 1998 y es operado desde entonces por Maxus-Bolivia, subsidiaria de Repsol-YPF en sociedad con British Gas y Panamerican Energy.

Como consecuencia de la nueva Ley de Hidrocarburos, el pago de regalías a las regiones productoras aumentará no sólo por los aportes de las petroleras al estado, sino también por los nuevos precios de exportación de gas que pretende aplicar el gobierno.(Télam)
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