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domingo,
07 de
agosto de
2005 |
Varios diputados
podrían perder
sus mandatos
Río de Janeiro. - Al menos 18 diputados federales brasileños, pertenecientes a cinco partidos políticos, serán denunciados como beneficiarios del esquema de corrupción de "mensualidades" pagas por el publicista Marcos Valerio de Souza y podrían perder sus mandatos legislativos. De acuerdo a las declaraciones hechas al diario O Globo por el presidente de la Comisión Parlamentaria Investigadora (CPI), senador Delcidio Amaral, la lista será encabezada por el ex ministro José Dirceu, el primer denunciante Roberto Jefferson y el ex presidente de la Cámara de Diputados Joao Paulo Cunha.
Los integrantes de la CPI decidieron, según el senador Amaral, acelerar el proceso de acusación de aquellos diputados sobre cuya participación en el esquema de "mensualidades" existen pruebas o fuertes indicios, lo que los convertiría en culpables de "quiebra del decoro parlamentario".
La formalización de la denuncia ante la presidencia de la Cámara de Diputados impediría que los integrantes de la lista renuncien a sus mandatos, salida ya utilizada por uno de ellos, Waldemar da Costa Neto, lo que permite que conserven sus derechos políticos y puedan presentarse como candidatos en las próximas elecciones.
De los 18 diputados acusados, seis pertenecen al Partido de los Trabajadores (PT, en el gobierno), cuatro al Partido Liberal (PL), cuatro al Partido Progresista (PP), dos al Partido Laborista Brasileño (PTB), uno al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), todos aliados al gobierno, y uno al opositor Partido del Frente Liberal (PFL, de derecha).
Después de recibida la denuncia, la presidencia de la Cámara debe enviarla al Consejo de Etica de la misma institución, que debe pronunciarse sobre la casación de los mandatos de los acusados al plenario. La decisión de la Cámara de Diputados, en votación secreta, no depende de pruebas jurídicas sino de la convicción política de los legisladores.
Según el relator de la CPI, diputado Omar Serraglio, los legisladores serán acusados independientemente de que recibiesen "mensualidades" o pagos aislados como contribución para el pago de sus campañas electorales, lo que también constituye violación de la ley si no es declarado al tribunal electoral correspondiente.
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