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miércoles,
03 de
agosto de
2005 |
Los arquitectos cuestionan las
adjudicaciones de obras públicas
Desde el Colegio aseguran que la Intendencia contrató profesionales sin realizar llamado a concurso
El Colegio de Arquitectos de la provincia de Santa Fe intimó a la Municipalidad a que cumpla con las leyes provinciales a la hora de adjudicar o concesionar obras públicas. En concreto, desde la entidad cuestionaron la contratación directa de un arquitecto colombiano para reformar la sede del futuro Distrito Centro, en la ex estación Rosario Central. Una situación que, según indicaron, se repite en las concesiones de predios públicos donde se ubican el ex silo Davis y el complejo gastronómico de Puerto España.
"El responsable de hacer cumplir las normas vigentes es quien las incumple", lanzó preocupada la presidenta del Colegio, Graciela Garate.
Las obras denunciadas son el edificio del Distrito Centro (Corrientes y Wheelwright) y las concesiones en el bar del Museo de Arte Contemporáneo y el complejo gastronómico de los ex galpones Peñaflor.
Para los arquitectos existen dos puntos críticos: por un lado que el proyecto ejecutivo para la refacción y reformas de la ex estación ferroviaria se realizó "por contratación directa de un colega colombiano que no está identificado en ningún expediente ni tiene autorización del ejercicio de la profesión en Santa Fe", tal cual lo especificó Garate. La arquitecta agregó: "Están incumpliendo la ley en un emprendimiento que se financia con un crédito internacional de 5.739.000 pesos".
Como antecedente se hizo alusión a los cuestionamientos hechos al proyectista portugués Alvaro Cisa, quien diseñó el Distrito Sur (Uriburu y San Martín).
En el caso de la explotación comercial de espacios públicos, Garate cargó con munición gruesa al recordar que el Concejo Municipal y el municipio exigen un profesional para hacerse cargo de la obra. "Pero en el caso de la parrilla Don Ferro, el gimnasio (The Planet) y el Macro, no existe profesional en los expedientes, que sí se piden para la tramitación de la habilitación de un comercio", comparó Garate.
"Lo más preocupante es que en las obras mencionadas la Municipalidad asume el carácter de comitente (promotor y simultáneamente la condición de autoridad de aplicación de las leyes provinciales, situación que le impone exigir el estricto cumplimiento de los imperativos legales) y que hemos verificado que no se han cumplido", consideró Garate.
Desde el Colegio también se hizo referencia a una situación similar que se planteó con la construcción, por ejemplo, del Distrito Sur, "que después de innumerables comunicaciones entre el municipio y el colegio profesional sigue sin normalizar su situación".
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