A tres años. Ecos de la condena a prisión a tres efectivos por graves abusos sexuales en la comisaría 1ª

Triple violación: duro reproche del juez al ocultamiento de la policía

Señaló que el episodio fue silenciado en el interior de la fuerza. Y que el sistema judicial actual desampara los derechos de las víctimas. La causa cobró rapidez cuando la denuncia de la chica atacada tuvo estado público

Hernán Lascano / La Capital

Las irregularidades y demoras que empañaron el inicio de la pesquisa sobre la violación de una menor en la comisaría 1ª de Rosario, por la que tres policías acaban de ser condenados, impulsó al juez que dictó la sentencia a cuestionar el ocultamiento que la fuerza policial proyectó sobre el caso. El reproche no solamente recae en la conducta de quienes estuvieron en la seccional, sino a todas las instancias policiales que actuaron posteriormente.

Y no queda exenta de la crítica la Justicia Penal de la provincia: según el magistrado el triple ataque sexual prueba que la chica no solamente estuvo indefensa ante sus agresores sino ante un sistema jurídico que carece de las normas y la infraestructura necesaria para intervenir en los momentos cruciales de la investigación de manera de proteger a los ciudadanos, darles seguridad y esclarecer los delitos.

El jueves pasado tres policías fueron condenados por la violación agravada de una chica de 16 años ocurrida el 26 de julio de 2002 en la seccional de Juan Manuel de Rosas 1350. Al cabo de un proceso de casi tres años, el juez de Sentencia Nº 2, Antonio Ramos, impuso penas de 14 años al oficial ayudante Juan Manuel Morales (hoy tiene 35 años) y al cabo Ariel Canelo (35), con el agravante de que abusaron de la chica en banda y en ejercicio de función policial. Por los mismos delitos, también fue condenado el oficial subayudante Fabián Patricio Ibarra (33), a 12 años de prisión. Los dos primeros merecieron mayor pena porque, según el juez, extorsionaron a la chica para que le pidiera 200 pesos a la madre de un joven, que llegó con ella a la comisaría, a fin de liberarlo.

El juez Ramos tuvo en cuenta que el episodio de la violación fue deliberadamente silenciado en el interior de la fuerza. La chica denunció el hecho el 5 de septiembre de 2002, a 40 días de ocurrido. No obstante el caso estuvo semidormido, tanto a nivel interno como en Tribunales, hasta 21 días después, cuando fue revelado por la prensa.

Hasta ese momento ninguna instancia superior policial intervino para delimitar responsabilidades entre el personal de la seccional, habilitar reconocimientos o siquiera abrir sumarios internos. Quien manejaba el caso era el entonces jefe de Judiciales, que es el actual titular de la Unidad Regional II, José Manuel Maldonado. La directora de Asuntos Internos, que tampoco intervino, era la actual jefa de policía provincial, Leyla Perazzo.

"Es necesario que la investigación esté bajo la dirección de la Fiscalía y que la misma cuente con la infraestructura necesaria para poder insertarse en los momentos iniciales de la actividad investigativa", señaló Ramos en el fallo condenatorio. La herramienta que postuló para ello es la creación de una policía judicial.

Lo que no parece casual: es que en este caso se le delegó inicialmente a la misma policía la facultad de investigar y dictaminar sobre el comportamiento de sus propios hombres. Y tanto la policía como la Justicia empezaron a moverse 20 días más tarde: cuando la divulgación del caso desató un escándalo público.

Quedará la duda de qué habría pasado si la noticia no llegaba al público masivo. De lo que no hay dudas es que todo lo que estuvo paralizado en tres semanas cobró movimiento el mismo día de publicado el episodio: se apartó a la totalidad del personal de la seccional 1ª, el juez Eduardo Suárez Romero le sacó a la policía las actuaciones que antes le había delegado, se aceleró un reconocimiento fotográfico, se labraron los sumarios internos jamás realizados, se ordenó el secuestro del libro de guardia de la seccional donde nunca se había asentado la presencia de la chica atacada. Y el entonces ministro de Gobierno, Esteban Borgonovo, declaraba que era gravísima la omisión de esas medidas.

El juez Ramos estableció que la menor fue privada de su libertad, que se ocultó su detención y que resultó agredida según consigna en detalle en las 77 páginas de su resolución. Eso fue posible en un marco "contrario a los principios que debe sustentar el accionar policial, concretamente la protección y la seguridad de los ciudadanos".

Lo significativo es que el anacrónico sistema inquisitivo judicial vigente entierra, para Ramos, las chances de iluminar marañas de graves ilícitos como las que dio por probados en la seccional 1ª. El actual mecanismo escrito y restringido de los juicios empujan a la sociedad al margen de la resolución de un caso que como este, al ocurrirle a un ciudadano y en una repartición pública, la involucran. Tanto la involucran que con el aporte de los contribuyentes la provincia tendrá que pagar 200 mil pesos más intereses para indemnizar a la chica por el calvario padecido. "Un juicio oral y público trasladará a la sociedad los argumentos de las decisiones de los Tribunales y ellos llegarán a la comunidad sin interpretaciones erróneas y en algunos supuestos maliciosas", definió el juez, partidario de un sistema que hoy no existe.

Ni la policía rosarina, ni Asuntos Internos, ni la Jefatura de provincia hicieron nada para identificar, en su momento, a los señalados por la denuncia de la violación. En su momento Maldonado dijo que eso no correspondía en lo inmediato. Pero luego de decir que nunca por vías policiales se había enterado de lo ocurrido, Borgonovo descalificó ese argumento removiendo en masa a los 44 empleados de la seccional. Esa medida indiscriminada se la podría haber ahorrado la policía separando preventivamente a los empleados que trabajaban en el turno nocturno que, se supo luego, eran siempre los mismos. No para acusarlos en bloque, sino para preservarlos. Pero ni esa ni otras medidas se tomaron. Y quedó claro que todo lo que no se hizo se podía hacer rápido: cuando hubo presión oficial -propulsada por el alboroto público- en 16 días el turno completo de la seccional estaba identificado, sumariado, reconocido en rueda de personas y los responsables de los ilícitos presuntos procesados.

De allí que se entiende el planteo de Ramos: la necesidad de una fuerza autónoma al servicio directo de los jueces para investigar delitos señalados al interior de fuerzas policiales. Para tranquilidad, sobre todo, de la propia policía. Pero también una advertencia a los jueces sobre en qué casos, mientras las cosas sigan como están, conviene no delegar las pesquisas.