La hipótesis de la conspiración institucional

Un pasaje fundamental de la sentencia refuta un planteo que es eje reiterado en la defensa de los policías: que la acusación sobre la triple violación fue, en realidad, una conspiración tramada "en aras de oscuros intereses" contra el gobierno de la provincia, sus instituciones, la policía y por ende el personal de la comisaría de Barrio Martín. El juez Antonio Ramos analizó los argumentos para desmontarlos por dos motivos: carencia de lógica y ausencia de pruebas. También sugirió que no es admisible, en nombre de los derechos de los imputados, proponer planteos defensivos descabellados.

El juez enumeró varios elementos solventes que lo convencieron de que la chica decía la verdad sobre lo ocurrido:

Una llamada desde la comisaría hacia la casa de la madre de Ezequiel, el joven que fue detenido y llegó con ella en la comisaría, fue probada por Telecom, y por el testimonio de María E. H., la madre de Ezequiel, que dijo que la adolescente la llamó por teléfono y le dijo: "Señora, venga a buscarme, estoy con su hijo".

Que en lo esencial la adolescente mantuvo su relato, agregando detalles que lo fortalecieron, como número y descripción de quienes la detuvieron, de lugares inaccesibles al público donde estuvo y de las personas que la atacaron, con reconocimientos impecables.

Que la pericia psicológica, con pruebas de personalidad de validez internacional, demostró que la chica tenía un cuadro de estrés autodestructivo inexistente antes del trauma, con estos síntomas: dificultades para la concentración, para conciliar el sueño, irritabilidad, ataques de ira, hipervigilancia.

Antes de definir culpas Ramos desbarató la hipótesis de la conspiración contra la provincia y su policía. "Suponer tal acontecimiento habría movilizado enérgicamente a las propias instituciones, esencialmente al Poder Ejecutivo provincial y ello no ha ocurrido", planteó el juez. Resaltó que no dieron crédito a tal idea el juez instructor, la fiscalía y otros auxiliares.

Admitir la idea del complot, para el juez, implicaba aceptar que el entonces subsecretario de Seguridad, Enrique Alvarez, había pergeñado la historia, en combinación con la víctima, que debería haber estado de acuerdo a a exponerse públicamente a denunciar un delito contra su integridad sexual y a explayar sus detalles tres meses después, que fue el tiempo entre el ataque y la denuncia.

Si hubo conspiración, por tanto, Ramos concluye que estuvo muy mal ejecutada: para más el amigo de la chica que cayó preso, razón por la cual ella estuvo en la comisaría, en Tribunales no admitió que estuvo con ella esa madrugada, lo que mal podía servir al complot. "Cuando se sostienen peligros institucionales deben acreditarse fehacientemente, no crece el proceso democrático aventando tales hipótesis", destacó que las garantías procesales quedaron violadas también por la información barajada por los medios de prensa - en razón de la violación del secreto sumarial, el defensor no aporta ninguna prueba aparece que esa constancia no amerita nulidad alguna