Crisis carcelaria. Respuesta de la CTC al gobierno provincial

"El relevamiento de comisarías ya fue hecho hace nueve meses"

Según la Coordinadora los datos que pidió Obeid están en el expediente generado a partir del hábeas corpus interpuesto en favor de todos los presos rosarinos

"El gobernador no necesitaba ordenar un relevamiento de las condiciones de detención, hubiera bastado con que leyera los nueve cuerpos del expediente iniciado a partir del hábeas corpus general presentado en septiembre de 2004 ante quien fuera juez de Instrucción de la 11ª nominación, Carlos Triglia". Así salió a responderle ayer al gobernador Jorge Obeid la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) tras el pedido del primer mandatario para que se haga un exhaustivo relevamiento de las condiciones de detención en las comisarías de la provincia. La respuesta de la CTC sirvió para cerrar una semana que incluyó un trágico motín en la alcaidía de mujeres de La Paz al 400 y la intimación hecha por un juez de la ciudad de Santa Fe para que cese el hacinamientos en las seccionales de la capital provincial.

El viernes, el gobernador de la provincia le ordenó al ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, que en el término de 48 horas se realice un relevamiento de todos los penales policiales de la provincia. El objetivo, según dejaron trascender fuentes oficiales, es saber cómo viven los internos allí alojados. También dio instrucciones para que se creen dos equipos médicos que atiendan las 24 horas de los 365 días del año los problemas de salud de los detenidos en Santa Fe y Rosario.

En su respuesta, la CTC resaltó que ante el agravamiento diario de las condiciones de detención en las comisarías, el 17 de septiembre del año pasado la organización no gubernamental presentó un recurso de hábeas corpus para proteger la estadía de los detenidos en seccionales y subcomisarías de la Unidad Regional II. El expediente recayó en manos del juez de Instrucción Carlos Triglia, quien falleció el pasado 20 de abril. "Desde que Triglia pidió licencia, en diciembre de 2004, nadie tocó los hábeas corpus ni abrió el expediente", explicó una fuente de la CTC. Esos 9 cuerpos están ahora en manos de la jueza Mónica Lamperti.

La CTC detalla que durante 2004, a raíz de una serie de huelgas de hambre en las comisarías rosarinas, se entrevistaron con el ministro Rosúa; el jefe de policía de la URII, José Manuel Maldonado; el jefe de Orden Público, Ricardo Ruíz y el presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Ernesto Pangia. En la reunión se concensuaron una serie de reclamos de los internos para levantar la medida que incluía atención médica, mejorar la calidad y cantidad de las raciones alimentarias, extender los horarios de recreo y la entrega diaria de artículos de limpieza.

También se mantuvieron reunieron "durante seis meses" con Rosúa y representantes del área de salud provincial para lograr la creación de un equipo de médicos itinerantes, pero "hasta ahora no hubo decisión política para concretarlo", aseguran.

"Desde la CTC observamos con alarma que la única respuesta desde el gobierno surge a partir de hechos de violencia en unidades de detención que han llevado a la muerte de personas. Que en los cientos de conflictos en los que hemos intervenido, los reclamos no son otros que la aplicación de las leyes, reclamos que se traducen en demandas mínimas". Y agrega que "cuando hubo acuerdos para resolver un problema de atención de salud, que es base de reclamos de la población en comisarías, nada se hizo para concretar un dispositivo acordado por las partes".

Y si bien se reconoce desde la CTC que "hay responsabilidad compartida" entre el Poder Ejecutivo, jueces y fiscales, se destaca que mucho de los datos requeridos por el gobernador existen detallados en el expediente. "En esos 9 tomos está el relevamiento que hace a la parte edilicia, constatado por la sección Planimetría y Arquitectura de la policía provincial dependiente de la URII", expresan. En ese informe, al que tuvo acceso La Capital, no sólo se detallan las condiciones de ventilación, iluminación, humedad, instalación eléctrica, iluminación artificial y espacios abiertos, sino que queda claramente establecida la capacidad de cada una de las comisarías y el nivel de hacinamiento registrado a la fecha de su elaboración, es decir hace nueve meses..

Con respecto a los colchones de gomaespuma que utilizan los reclusos, elemento que en la semana que termina provocó con su incineración la muerte de dos internas de la alcaidía de mujeres, la CTC destacó "que se solicitó a las autoridades que se evite el uso de ese tipo de elemento, máxime si a partir del relevamiento exigido ahora se van a entregar". La Coordinadora concluyó su documento afirmando que "se pueden tomar medidas que mejoren la calidad de vida de las personas alojadas en dependencias policiales sin esperar que las tragedias que se producen cíclicamente apuren respuestas efectista".

La atiborradas comisarías rosarinas fueron relevadas en septiembre de 2004.