Crisis carcelaria. Reacción oficial tras una semana de tensión

Ordenaron relevar las condiciones de detención en las comisarías de la provincia

El gobernador pretende responder a las necesidades de los presos hacinados en dependencias policiales

Al finalizar la semana en la que un motín en la alcaidía de mujeres de Rosario provocó la muerte de dos internas y un juez intimó al gobierno para que cese el hacinamiento en comisarías de la capital provincial, el gobernador Jorge Obeid ordenó que en el término de 48 horas se realice un relevamiento de todas los penales policiales de la provincia para conocer las condiciones en que viven los internos alojados en ellos. Asimismo, dio instrucciones para que se creen dos equipos médicos que atiendan los problemas de salud de los detenidos durante las 24 horas de los 365 días del año.

Los incesantes síntomas de que la realidad carcelaria santafesina está al borde del colapso llevaron al gobernador a solicitar un diagnóstico de la situación: dio instrucciones al ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, para que ponga en marcha un relevamiento de las dependencias policiales de la provincia.

"El relevamiento no sería tanto para ver cómo se encuentran los detenidos ni detectar el nivel de hacinamiento porque eso ya se conoce, sino qué les hace falta, como colchones, frazadas o calentadores. El informe no apunta a la parte edilicia sino a lo necesario para que los detenidos pasen el invierno y se pueda reducir la conflictividad", apuntó una funcionario de segunda línea del Ministerio de Gobierno ante el silencio oficial.


"Una medida más"
La novedad se conoció a partir de un parte de prensa detallado en la página de Internet del gobierno provincial. Allí se detalla que el relevamiento apunta a "conocer las necesidades que hacen a las condiciones básicas de habitabilidad" de los internos de comisarías. Anoche, según la fuente consultada, la lista ya estaba "prácticamente confeccionada". Del estudio participó la policía de la provincia, personal de Promoción Comunitaria y el Ministerio de Salud.

"Se trata de una medida más dentro del sistema de emergencia carcelaria hasta que se vayan incorporando las nuevas unidades en construcción", añadió el vocero. En tanto, para este lunes o martes está previsto un recorrido por seccionales rosarinas del que no se brindaron mayores detalles.

Además del estudio para conocer el estado de los penales -catalogados de "inhumanos" por jueces y organismos de derechos humanos- el gobernador dispuso como medida inmediata la puesta en marcha de dos equipos interdisciplinarios de médicos, uno para la ciudad de Santa Fe y otro para Rosario. Los profesionales, según se anunció, deberán prestar servicio las 24 horas. De ellos se espera que actúen como "brigada especial de salud" para atender la demanda de los desbordados penales policiales.

Las deplorables condiciones en que residen los detenidos en comisarías de Rosario es harto conocida. Sólo en Rosario hay casi 1.200 personas en dependencias de la fuerza. Según la Agrupación de Orden Público de la policía rosarina, el jueves había 1.181 detenidos en seccionales. Esta cifra engloba a los 1.128 mayores, 30 menores y 23 mujeres privados de la libertad que están bajo custodia policial.

La misma Defensoría del Pueblo informó ocho meses atrás que el 80 por ciento de las dependencias policiales no son aptas para alojar personas porque no garantizan condiciones básicas de habitabilidad e higiene. Sólo el 3%, según documentaba ese informe con rigor estadístico, era apto para vivir. Desde la entidad detectaron casos en los que vivían cinco veces más presos que los que permitía la capacidad de los calabozos. En una seccional, por ejemplo, llegaron a amontonarse 30 personas en una celda para 3.

De hecho, por las condiciones en que residen los presos rosarinos se encuentra abierto un hábeas corpus para resolver la situación de todos los alojados en comisarías. La presentación había sido realizada por la Coordinadora de Trabajo Carcelario ante el juez de Instrucción Carlos Alberto Triglia, quien constató el hacinamiento y el constante incumplimiento de las intimaciones judiciales que intentaban ponen coto al número de presos. Tras el fallecimiento de Triglia la causa pasó al juzgado de Instrucción Nº 12, a cargo de Mónica Lamperti, donde se encuentra en trámite.

En lo que respecta al departamento La Capital, el martes pasado el juez de Instrucción Julio César Costa ordenó "el cese inmediato de las condiciones que agravan el estado de detención" de las personas alojadas en comisarías. El magistrado realizó esa intimación ante la "situación infrahumana y violatoria de todos los pactos internacionales de rango constitucional" que detectó en su recorrida por la alcaidía de Santa Fe, donde conviven 146 personas en un espacio para 132.

El mismo día en que se conocía esa resolución, ardía en Rosario una celda de la alcaidía de mujeres habitada por tres internas. Todo comenzó como un reclamo porque una de ellas no pudo comunicarse con su abogada. Encendieron colchones en el encierro y dos de ellas fallecieron por las graves quemaduras sufridas (ver aparte). El crudo mapa de la situación carcelaria terminó de configurarse el jueves, cuando otro juez santafesino dictó los procesamientos de 14 presos de Coronda acusados de la masacre de otros 14 internos del 11 de abril pasado, lo que se conoce como el peor desastre carcelario en la provincia.

Algo común: el las comisarías faltan colchones y frazadas.