Desgastada. Es abogada, tiene tres hijos y no quiere que sigan perdiendo clases

Una mamá fue a la Justicia para exigir que termine el paro docente

Padres de alumnos de colegios privados ya piensan en no pagar las cuotas y organizar protestas

Carina Bazzoni y Pablo Procopio / La Capital

Un nuevo actor parece dispuesto a tomar la voz en el conflicto que enfrenta al gremio docente con el gobierno provincial: los padres de los alumnos. Una abogada, madre de tres chicos que concurren a escuelas públicas, presentó ayer un recurso de amparo solicitando la intervención de la Justicia para que se garantice el normal desarrollo del ciclo lectivo. Y ya hay papás de alumnos que concurren a colegios privados que se están organizando para hacer sentadas delante de los establecimientos o incluso no pagar las cuotas. Maestros y funcionarios siguen sin dialogar.

El recurso de amparo recaló en el Juzgado Civil y Comercial Nº 4 a cargo de Silvia Cicuto quien, desde que el paper llegó a su despacho, se dedicó a analizar la cuestión en profundidad.

Es más, según fuentes allegadas a ese juzgado, la magistrada daría su veredicto el lunes y no se declararía incompetente, una de las posibilidades que ayer se barajaban en torno a las posibles definiciones.

La presentación judicial se basa en el daño que causa en el derecho a la educación de los alumnos la medida de fuerza sostenida por los docentes, que ya va a entrar en su tercera semana sin que se avizoren caminos de acuerdo.

"De continuar el no dictado de clases, los chicos sufren un daño irreparable en su proceso de aprendizaje", explicó Marisa Malvestiti después de presentarse en Tribunales.

La profesional aclaró que la medida "no es en contra de los maestros ni del gobierno provincial", sino que busca "la solución del conflicto para que los chicos puedan ir a la escuela".

Por esto, en el escrito pidió a la Justicia que cite a las partes en conflicto -el gremio y las autoridades del Ministerio de Educación de la provincia- para que "se garantice el derecho a la educación" que tienen los chicos.

Voceros del juzgado dijeron que Cicuto "está abocadísima al tema, no salió del Tribunal desde que la cuestión entró y que la analiza con la profundidad y trascendencia que las particularidades de la cuestión requieren".

Las mismas fuentes justificaron la preocupación de la jueza, ya que está ante una temática "inédita" que "podría sentar jurisprudencia".

Incluso, Cicuto habría manifestado que "dada su seriedad, la problemática involucra a toda la ciudadanía, ya que se trata de la educación, que es un tema de todos".

Malvestiti es madre de tres niños que concurren al primer ciclo de la EGB en la escuela Juan Arzeno, y al 9º año de la escuela Rivadavia. "No quería llegar a esto, pero no sólo me asustan los días de paro que ya tuvieron sino la posibilidad de que el conflicto se extienda", sostuvo a la par que recordó que "si bien la huelga es un derecho constitucional, también es un derecho de los chicos el recibir educación y el Estado tiene que garantizarlo".

Ahora, según explicó la profesional, la jueza tiene entre 24 y 48 horas para decidir si acepta la demanda. "Si se declara competente deberá resolver una medida cautelar haciendo lugar al pedido y notificar a las partes. Pero también puede ser que decida citarlas para que, entre ellas, arriben a una solución", explicó la abogada.

Malvestiti se manifestó convencida de que "los jueces tienen competencia para resolver este tema porque es un conflicto que pone en jaque una de las funciones básicas que tiene que garantizar el Estado que es, ni más ni menos, que los chicos se eduquen".

En sí, lo que solicita la presentación judicial es la intervención en el conflicto de un "tercero imparcial", en este caso la jueza, como mediador en el conflicto.

"Me hubiera gustado de que el tema se solucione por los canales normales, es decir, el diálogo entre las partes y la firme voluntad de resolver, pero esto no sucede y los chicos siguen sin clases", se quejó la abogada.

Por su parte, el apoderado legal de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé), Norberto Ferrari, dio también su opinión sobre el tema aunque aclaró que no tuvo acceso a la demanda presentada. "Voy a hablar casi en abstracto", le dijo a La Capital y aseguró que, según su parecer, "no correspondería que la Justicia decida que los docentes den clases; Amsafé no puede ser demandada ya que no hay ninguna legitimación para eso". El letrado remarcó que el gremio está llevando adelante "una medida legítima garantizada por la Constitución".

Esta presentación judicial llegó 24 horas después de que el gremio que nuclea a los docentes de escuelas públicas (Amsafé) ratificara la continuidad de la medida de fuerza durante otras 72 horas la semana que viene. Así, las aulas volverán a estar vacías el próximo martes, miércoles y jueves; y sólo habrá 5 jornadas de clase desde el inicio del ciclo lectivo, hace ya 12 días.


Padres en rebeldía
En tanto, el sindicato que representa a los maestros de escuelas particulares (Sadop) definirá pasado mañana en asamblea de delegados cuáles serán las medidas que llevarán adelante la semana próxima.

En efecto, el paro de los privados también generó la reacción de los padres. Según pudo saber este diario, los papás de cientos de alumnos imposibilitados de asistir a clases comenzaron a ponerse de acuerdo para no pagar las cuotas en los colegios o abonar sólo los días en que hubo actividades. Por ejemplo, en la Dante Alighieri definieron hacer sentadas diarias por la mañana y la tarde (a las 8 y a las 13) para manifestarle a la comisión directiva su desacuerdo por no resolver el conflicto. Es que, en medio de esta situación, llegaron las liquidaciones de los aranceles y los padres reaccionaron con absoluto disgusto.

Malvestiti exige que se "garantice el derecho a la educación".