La Justicia investiga el traspaso de combustible de patrullas policiales a tambores para su presunta reventa

Pide protección un comerciante que denunció robo de nafta de patrulleros

Afirmó que tras revelar que la maniobra se hacía en un lavadero de barrio Ludueña sufrió una secuencia de intimidaciones: un allanamiento irregular y mensajes amenazantes. Ayer acudió a la Defensoría del Pueblo

Primero fueron amenazas verbales. Más adelante, un allanamiento irregular en su casa, donde la policía le habría "plantado" un arma de fuego que no había visto nunca antes. Luego un sugestivo corte de energía en su vivienda cuando no debe ni una sola factura por el pago del servicio. Y por último, la misteriosa aparición de una bala apoyada en el umbral de su domicilio. Esas fueron algunas de las intimidaciones que Ramón Vega, un comerciante de 50 años, asegura haber padecido desde que a mediados de julio decidió denunciar en la Justicia que en una gomería y lavadero de autos de barrio Ludueña se le extraía el combustible a móviles de la policía provincial para almacenarlo en barriles o bidones y después venderlo.

"Estoy desesperado y tengo miedo de que me pase algo malo. Por eso ahora recurro al diario para que esto se haga público y sentirme más protegido. Resulta que cuando denuncié esto en los Tribunales pasé a ser un testigo de identidad reservada, pero a los pocos días comencé a recibir amenazas e intimidaciones", remarcó Vega, quien obtuvo el apoyo y asesoramiento en primera instancia de la Defensoría del Pueblo, organismo que luego de recepcionar su queja por lo que ocurría en Ludueña formalizó una denuncia penal en los Tribunales provinciales.

La cuestión denunciada por el comerciante "es de vieja data", según contó ayer a La Capital. Vega señaló que es propietario de un galpón ubicado en Formosa al 100 bis. Desde allí detectó hace un tiempo movimientos extraños en un lavadero y gomería ubicados a pocos metros de Formosa y Junín, y a media cuadra de su casa. En esa esquina hay una estación de servicio sin bandera y que actualmente está clausurada. Dentro del mismo predio funciona el otro emprendimiento, cuyo responsable subalquila el inmueble al dueño del surtidor.

En ese lugar, el vecino observó cómo llegaban patrulleros a los que se les extraía el combustible del tanque. Vega aclaró que la estación no tendría nada que ver con la maniobra, ya que los responsables del lavadero y gomería le arrendan parte del inmueble al dueño. Allí, según distintas versiones, funcionaría una remisería sin habilitación, cuyo responsable tendría conexiones con algunos policías.

"Todos los días llegan los comandos y bajan la nafta que el gobierno les suministra para brindar seguridad", remarcó Vega. "Muchas veces la policía dice que no tiene para la nafta de los móviles. Pero el Estado les brinda vales para canjear en las estaciones de servicios y resulta que en Formosa y Junín los propios policías venden la nafta. Si falta nafta para los móviles de Rosario, es porque allí se los sacan".

Indignado por esa situación Vega decidió plantear una queja en la Defensoría del Pueblo provincial. Eso ocurrió el 19 de julio pasado y 48 horas después la irregularidad fue presentada ante la fiscal María Eugenia Iribarren, quien ordenó una serie de medidas y pidió la intervención del juez de Instrucción Nº7 Eduardo Suárez Romero. "Nuestra participación llegó hasta allí: notificar a la Justicia de la comisión de un presunto delito. Ahora estamos junto a Vega por una cuestión solidaria, porque al ventilarse la denuncia comenzó a ser amenazado", manifestó el defensor del pueblo adjunto, Ricardo Cicarelli.

Sin medias tintas, Vega añadió: "Yo no puedo decir que la policía venda el combustible. Lo que yo veo es que los patrulleros llegan, paran sobre las fosas, les meten una manguera en el tanque y cargan la nafta en tambores de 200 litros. Desde que yo denuncié esto, tengo miles de revoleos, no tengo protección y le tengo miedo a la policía. Por eso pido protección públicamente". La saga de amenazas se inició paradójicamente poco después de que se pusieran en marcha los mecanismos legales para investigar el presunto delito.

El juez Suárez Romero pidió intervención de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) para desentrañar el asunto. El denunciante estuvo en contacto con el comisario Benítez de ese cuerpo de elite. "Me dieron un celular para que los llamara en el momento en que se producía la maniobra. Pero en una oportunidad, cuando me comuniqué para avisarles que se estaba produciendo, me dijeron que no podían venir porque estaban en procedimiento en Cañada de Gómez", recalcó.

Vega vivió otra situación extraña el viernes de la semana pasada cuando efectivos de la seccional 12ª, que tiene jurisdicción en el lugar, allanaron su vivienda por una denuncia en su contra radicada en el juzgado correccional Nº3. "Llegaron con testigos puestos por ellos mismos y me plantaron un arma. Apareció en un baño de mi galpón, jamás tuve algo parecido", recordó. Pero eso no fue todo. El comerciante también dijo que las amenazas e insultos a boca de jarro están a la orden del día. "Todo los problemas empezaron cuando hice la denuncia. Quisiera que averigüen por qué la policía me está siguiendo y molestando tanto".

"Los móviles paran sobre las fosas y bajan la nafta", dijo Ramó Vega.