Otro menemista en problemas

Alderete irá a juicio oral por fraude al Pami

El ex interventor en la obra social de los jubilados está acusado de haber pagado audífonos con sobreprecios

El ex interventor en el Pami Víctor Alderete se convirtió en el segundo ex funcionario menemista que llega a juicio oral, acusado de fraude en perjuicio de la administración pública, en la primera de la decena de causas judiciales que tiene acumuladas en los Tribunales federales. Será la ex polifuncionaria menemista María Julia Alsogaray, detenida desde el 12 de agosto, la primera en enfrentar el juicio oral, desde el 13 de abril, acusada de enriquecimiento ilícito. Ambos comparten además el mismo origen político, ya que llegaron a la gestión pública cuando la Unión del Centro Democrático (Ucedé) se alió con Carlos Menem.

El Tribunal Oral Federal Nº6 será el encargado de llevar adelante el primer juicio oral y público contra Alderete, acusado de fraude en perjuicio de la administración pública. El expediente llegó a la instancia del debate oral y público luego de que el juez federal Jorge Ballestero declaró clausurada la instrucción en la que Alderete fue procesado por el pago de sobreprecios en la compra de audífonos para los jubilados.

El juicio, aún sin fecha, comenzará cuando se determine si corresponde realizar lo que se denomina instrucción suplementaria. Luego, los miembros del tribunal fijarán la fecha del debate y la cantidad de testigos que deberán declarar durante las audiencias.

El pedido de elevación a juicio lo habían efectuado en su oportunidad los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado al entender que ya se habían agotado las instancias previas.

En esta causa el 10 de julio de 2002 la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Alderete como autor del delito de administración fraudulenta, que prevé penas que van desde el mes a los seis años de prisión, por la contratación de una empresa para el suministro de audífonos a los jubilados.

En esa ocasión, el tribunal ratificó también el embargo de los bienes de Alderete por un total de 250 mil pesos para cubrir los perjuicios que la contratación de la firma Mater Medical pudo haber causado a la administración pública nacional.

El fallo de Cámara sostuvo que la responsabilidad de Alderete radicó en "la ausencia de estudio alguno que permitiera analizar los costos para contrastarlos" con los de Mater Medical, que el personal jerárquico del Pami "no fue consultado" y que algunos de ellos se enteraron del convenio "por televisión".