Reflexiones

Autonomía es integración y no ruptura

Norberto Q. Martínez Delfa (*)

Una muestra estadística realizada recientemente ha revelado el alto porcentaje de rosarinos pretendiendo que nuestra ciudad alcance una autonomía plena y la escinda de la provincia de Santa Fe. Más allá de los reparos que se puedan formular a encuestas de este tipo cuando la población no ha sido informada previa y adecuadamente de los alcances y fundamentos de los procesos descentralizadores, todas las concepciones modernas del Estado apuntan a la necesidad de crear espacios propios articulados eficaz y eficientemente con los niveles centrales.

Ya en una publicación anterior hemos querido ser tajantes a la hora de aseverar que el nuestro es un Estado federal al que debemos perfeccionar, manteniendo la arquitectura que nuestros primeros constituyentes imaginaron y consagraron en 1953-1860.

Este Estado perfectible que pretendemos ya ha cumplido sobradamente la etapa centralizadora, que en los primeros cincuenta años de existencia debió forjar una identidad nacional suprimiendo todos los elementos díscolos o retardadores del proceso, fuesen las montoneras o las guardias provinciales de algunos caudillos del interior o las tradiciones y las lenguas de los extranjeros que venían a poblar el territorio.

Escuela y universidad públicas, idioma castellano oficial, principio de ciudadanía natural, Ejército nacional, entre otros mecanismos, sentaron las bases de esa generación de sentimientos de pertenencia colectiva.

Cuando el sentido de Nación quedó relativamente engarzado en la sociedad civil, convirtiendo a buena parte de la misma en portadora de valores específicos y de un cierto proyecto, el Estado federal quedó enfrentado al punto de bifurcación al que se refería Ilya Prigogine, es decir, el momento en el que un sistema debe necesariamente saltar a un nivel superior de organización o se destruye por completo.

Pero los tiempos para estas transformaciones no son iguales a los tiempos individuales, los de nuestras vidas terrenales. Por el contrario, llevan décadas y aún siglos. La advertencia de maestros del derecho público como Pedro J. Frías, allá en los 70, sobre la necesidad de arribar a un federalismo de concertación, todavía sigue siendo ilusoria en buena medida, pero es justo reconocer que hemos avanzado muchísimo desde el advenimiento de la democracia a fines de 1983.

Numerosos procesos descentralizadores han ocurrido desde entonces y no se los advierte con el énfasis necesario. Hoy todos los servicios educativos básicos (escolaridad elemental y media) y los servicios de salud, han pasado a ser administrados por las provincias y por la ciudad autónoma de Buenos Aires. Operatorias federales típicas, como la administración de los puertos, están provincializadas desde hace varios años. Entre nosotros, existen proyectos avanzados para que un ente autárquico local administre el corredor circunvalar -vial y ferrocarrilero- también de esencia federal.

Estas transferencias de competencias desde el gobierno federal a las provincias ha tenido una correlativa, aunque más limitada, descentralización desde los gobiernos provinciales a los locales o municipales. Rosario, por ejemplo, ha ampliado notablemente sus competencias en materia de salud, tránsito y bromatología, en la última década.

Sin embargo, algunos temas, como el de los recursos, dentro de las visiones descentralizadoras, son de muy difícil articulación. En la medida en que la descentralización se convierta en sinónimo de exclusividad, difícilmente podamos construir un nuevo federalismo de concertación. Esto es porque para la mayoría de las materias fundamentales en las que incursiona el Estado moderno existen grados de complejidad que sólo pueden ser atendidos adecuadamente en determinados niveles de administración.

Así, un gobierno local sería por definición el más apto para regular, controlar y sancionar la emisión de gases contaminantes en su ejido territorial. ¿Pero qué sucede si el municipio vecino se despreocupa de la cuestión? ¿Supondremos que la contaminación no nos afectará también? ¿Y qué ocurre cuando un municipio o comuna de escasísimos recursos propios carece de los elementos técnicos y humanos para cumplir este cometido? ¿Nos resignamos a tolerar la contaminación regional en aras de un derecho declamatorio a la descentralización?

No existen varias respuestas posibles a estos y otros interrogantes de la misma naturaleza, sino solo una: la concertación. Jordi Borja, el destacado urbanista catalán, afirma que descentralizar es siempre un proceso político concertado, pluralista, flexible, abierto y democrático.

El Estado moderno debe funcionar más que nunca como lo que es, un sistema articulado en diferentes niveles, en el que cada uno coadyuva para alcanzar el mismo fin, el bien común. Cada uno de estos niveles está abierto teóricamente al conjunto de la sociedad, de modo tal que somos a un mismo tiempo ciudadanos o habitantes del municipio, de la región, de la provincia y del Estado federal.

El reclamo autonómico para la ciudad de Rosario pasa esencialmente por asignarle todas aquellas competencias que puede ejercer en mejores condiciones y mayor eficacia que el gobierno provincial. Esta asignación, indudablemente, debe ir acompañada de los recursos necesarios para llevarlas a cabo.

La pretensión autonómica rosarina no debería en ningún caso transitar el erróneo camino del enfrentamiento con la provincia de Santa Fe, a la cual pertenecemos y nos honramos de ello, sino el de la cooperación, la negociación y el acuerdo, instrumentos insustituibles de las democracias maduras.

(*) Profesor titular de Derecho Constitucional II, Facultad de Derecho UNR