Bussi reclama a la Corte Suprema la vigencia de las leyes del perdón

Los abogados del detenido general retirado elevaron un escrito al máximo órgano de justicia de la Nación

Abogados del detenido general (R) Antonio Bussi solicitaron ayer a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declare la constitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, cuya nulidad posibilitó el procesamiento del militar en la causa por la desaparición del senador provincial Guillermo Vargas Aignasse.

Así lo confirmó el dirigente de Fuerza Republicana Pablo Calvetti al precisar que el escrito fue presentado en la tarde de ayer con el patrocinio de un grupo de abogados que, entre otros, integra su yerno Héctor D'Amico.

La petición surgió luego de que el juez federal Jorge Parache rechazara la apelación al procesamiento por considerar que no podía admitir planteos que se basan en procedimientos previstos en las mismas leyes que declaró inconstitucionales.

A sus 77 años, Bussi registra desde el martes pasado problemas de hipertensión arterial, por lo que no se descarta su internación, añadieron los allegados. Por eso, todos los días es sometido a revisaciones médicas por personal especializado del Ejército y se le colocó un Holster, aparato que mide el ritmo cardíaco.

Bussi está detenido, en reposo absoluto, en la sede del ex Arsenal Miguel de Azcuénaga.

Por otra parte, Calvetti interpuso ayer en Tucumán un recurso de queja por apelación denegada contra Parache y reclamó que el juez revise sus acciones porque le impidieron a su líder asumir anteayer la intendencia de esta ciudad.

"Alegamos que se respete el Pacto de San José de Costa Rica, que tiene rango constitucional. Ahora se inicia la madre de las batallas para demostrar que Bussi es un héroe nacional", señaló.

Además, en la provincia, Bussi será juzgado por un tribunal oral, acusado por presunta malversación de caudales públicos y peculado durante su último gobierno provincial.

La acusación se relaciona con el cobro de gastos reservados mientras era gobernador, pese a que esas partidas estaban prohibidas taxativamente en la Constitución provincial.

El abogado defensor de Bussi en esta causa, Cergio Morfil sostuvo que no es inminente el comienzo de las audiencias, porque "aún hay que resolver algunas cuestiones pendientes".

Sin embargo, la Corte Suprema provincial rechazó el recurso de queja presentado por el general retirado y habilitó el proceso.

La decisión fue firmada por los vocales Alberto Brito y Alfredo Dato y el camarista penal Julio Espíndola Aráoz, quien actuó como conjuez por la excusación de tres miembros del máximo tribunal. Morfil anunció que apelará la resolución ante la Nación.

La causa se inició por la existencia de decretos en los que el militar detenido habría fijado sobresueldos para el gobernador y los ministros. En total, se habrían dispuesto de 6 millones de pesos de este modo irregular entre 1995 y 1999.