Crece la confrontación entre el nacionalismo vasco y la sociedad española

El gobierno español lleva a la Justicia el plan secesionista vasco

Recurrirá al Tribunal Constitucional el proyecto de referendo que incluye la alternativa "soberanista"

Madrid. - El gobierno español recurrirá ante el Tribunal Constitucional el plan soberanista del Ejecutivo regional del País Vasco que pretende hacer de esta región una comunidad libre asociada a España, anunció el ministro de Justicia, José María Michavila. Un informe de los servicios jurídicos del Estado refleja que el plan del "lehendakari" (jefe del gobierno vasco), Juan José Ibarretxe, contiene numerosas "quiebras constitucionales".

"El gobierno vasco, bajo la apariencia de la reforma del Estatuto de Autonomía, aborda una mutilación de la Constitución en una parte del Estado español", manifestó el ministro de Justicia, quien indicó que el plan quiebra la Constitución en más de 100 ocasiones.

El Ejecutivo vasco -integrado por el Partido Nacionalista Vasco (PNV), Eusko Alkartasuna (EA) y la federación vasca de Izquierda Unida (IU-EB)- aprobó el 25 de octubre el polémico plan "soberanista", al que se oponen fuertemente el PP y el Partido Socialista (Psoe). El proyecto, conocido como "Plan Ibarretxe", busca derogar el Estatuto de Autonomía del País Vasco y sustituirlo por uno nuevo que prevé una nacionalidad vasca, voz propia en la Unión Europea (UE) y en los tratados internacionales que suscriba España, así como un sistema judicial propio. Todos estos puntos chocan claramente con la Constitución española, que deja la Justicia en manos del Estado, así como las relaciones internacionales.

La competencia de organizar una consulta popular que incluso pueda plantear la independencia es otro de los puntos más polémicos del proyecto, que según Ibarretxe se ha de llevar a cabo "en ausencia de violencia", con lo que implícitamente se exhorta a la ETA a declarar una nueva tregua como la mantenida entre septiembre de 1998 y diciembre de 1999.

El portavoz del gobierno vasco, Josu Jon Imaz, anunció que el Ejecutivo de Vitoria esperará a que "se sustancie" la presentación del recurso, lo que supondría un "estado de excepción democrática".

El jefe del gobierno vasco.