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 sábado, 11 de octubre de 2003

El presidente Kirchner dispuso que el coronel Horacio Losito regrese al país
El gobierno echó al agregado militar en Italia, acusado por la Masacre de Margarita Belén
La Justicia federal de Chaco lo imputó de integrar el "convoy de la muerte" que en 1976 asesinó a 22 presos políticos

El presidente Néstor Kirchner ordenó que un coronel acusado de la matanza de 22 presos políticos en 1976 en la localidad chaqueña de Margarita Belén cese en su cargo de agregado militar en la embajada argentina en Italia y dispuso que regrese de inmediato al país.

Así lo confirmó ayer el ministro de Defensa, José Pampuro, al señalar ante los medios de prensa en el aeroparque metropolitano que "el presidente le pidió al canciller (Rafael Bielsa) que vuelva nuestro agregado militar en Roma" y comentó que en ello no interviene su cartera sino que "depende de la Cancillería".

El militar a repatriar es el coronel Horacio Losito, imputado por Justicia federal de Chaco de haber integrado el convoy de la muerte que, según la investigación judicial, protagonizó el 13 de diciembre la denominada Masacre de Margarita Belén, arrancando a 22 presos políticos de la cárcel de Resistencia para ejecutarlos en forma sumarísima.

La decisión del Primer Mandatario empezó a comentarse antenoche en la Casa Rosada, luego de que se indicara que las familias de las víctimas le solicitaron por carta que hiciera regresar a Losito y disponga su baja, junto a la de otros dos militares acusados y en actividad, los coroneles Ricardo Reyes y Germán Riquelme.

Desde la embajada argentina en Italia, a cargo del ex diputado Humberto Roggero, un vocero indicó: "No sabemos nada", pero admitió que en la representación diplomática están al tanto de la historia de Losito y su situación procesal.

"Losito debe andar por su segundo año como agregado militar y, meses atrás, el Ejército lo mandó a llamar para que se presentara a la Justicia. Viajó a Buenos Aires, sabemos que estuvo un tiempo detenido y luego volvió por acá", dijo el portavoz.

En junio pasado, el juez federal de Chaco, Carlos Skydelsky, que en marzo había dictado la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida, obligó a Losito a regresar al país tras ordenar su detención. La medida también alcanzó a otros nueve oficiales acusados de haber integrado el convoy militar que ejecutó la matanza.

Los militares detenidos además de Losito eran los coroneles Jorge Alcides Larrategui, Athos Gustavo Renes, Rafael Carnero Sabol, Norberto Raúl Tozzo, Luis Alberto Pateta, Ernesto Jorge Simoni, Aldo Héctor Martínez Segón, Guillermo Reyes y Germán Emilio Riquelme.

Pero el 22 de julio pasado la Cámara Federal de Resistencia los liberó al hacer lugar a un recurso de hábeas corpus presentado por el defensor oficial Carlos Pujol, y suspendió las declaraciones indagatorias de los militares, en una resolución muy cuestionada por los organismos humanitarios y los familiares.


Conflicto de competencia
La causa quedó en una instancia de conflicto de competencia entre el juzgado de Chaco y la Cámara Federal de Rosario, y los imputados siguen en esa situación procesal. Pese a ello, Losito fue enviado de nuevo a Italia como agregado militar con estatus diplomático.

En la causa también figura como imputado el ex jefe del Ejército, teniente general Ricardo Brinzoni, quien al momento de los hechos se desempeñaba como secretario del gobierno de facto en Chaco. La acusación es como supuesto autor mediato de la matanza, además de otros 31 militares, gendarmes y policías. La historia oficial del Ejército contaba que los 22 presos intentaron escapar a bordo de dos vehículos ayudados por un comando paramilitar que atacó al convoy del Ejército que los transportaba.

Sin embargo, investigaciones de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja demostraron que las víctimas fueron recogidas inconscientes -después de ser torturadas- de la prisión clandestina que funcionaba en la ex Dirección de Investigaciones de la Policía, de la Alcaidía Policial y de la Unidad Federal 7.

A la madrugada fueron trasladados por la ruta nacional 11 y justo a la altura de la localidad Margarita Belén, 70 kilómetros al norte de Resistencia, fueron descendidos y colocados en dos automóviles, dentro de los cuales fueron acribillados.

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Pampuro confirmó la orden del presidente.

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