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 sábado, 09 de agosto de 2003

Acorralados. El gobierno admitió que el Congreso podría anular los indultos
Francia pide el traslado de Astiz
El gobierno galo presentó anoche un requerimiento formal para que el "Angel Rubio" sea extraditado

El gobierno de Francia presentó anoche ante la Cancillería argentina un requerimiento para la extradición del ex capitán naval Alfredo Ignacio Astiz, quien fue condenado en rebeldía a reclusión perpetua por un tribunal de París que lo declaró responsable del asesinato de las monjas galas Alice Dumon y Leonie Duquet. Paralelamente, el presidente Néstor Kirchner instó ayer a las Fuerzas Armadas a apoyar la búsqueda de la verdad, mientras el ministro del Interior, Aníbal Fernández, dijo que "seguramente" el debate parlamentario por la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida podría incluir los indultos otorgados por el ex jefe de Estado Eduardo Duhalde.

Aunque el gobierno dará intervención a la Justicia para se expida sobre el reclamo de Francia, se descuenta que la extradición no prosperará porque Astiz fue condenado en ausencia y el derecho argentino no admite los juicios ni las penas en rebeldía. Justamente por ese motivo recuperó la libertad hace tres semanas el presunto terrorista italiano Leonardo Bertulazzi, cuya extradición a Roma y Génova fue rechazada porque existe jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que impide el traslado de detenidos al exterior, fundados en condenas dictadas en ausencia.

El embajador de Francia en Buenos Aires, Francis Jean Lott, presentó el pedido formal de extradición para que Astiz cumpla en París la condena que desde 1990 pesa en su contra por la desaparición de las religiosas francesas.

Las monjas fueron apresadas en 1977 durante un operativo realizado por el aparato represivo, del cual formó parte Astiz, que entonces tenía 26 años de edad. El Angel Rubio fue detenido hace dos semanas por orden del juez federal porteño Rodolfo Canicoba Corral, que hizo lugar a 46 pedidos de arresto con fines de extradición remitidos por el juez español Baltasar Garzón.

Se presume que, frente al reclamo español, Francia tendría prioridad porque ya dictó condena contra el ex capitán de corbeta, pero existen obstáculos legales para la extradición del represor.

Nacido en la localidad bonaerense de Azul el 17 de noviembre de 1950, Astiz afronta cargos por crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura y no ha purgado condena por esos delitos. Tribunales de España, Italia, Francia y Suecia han formulado acusaciones contra Astiz, requerido por esos paises bajo cargos de violaciones a los derechos humanos.

Según denuncias de sobrevivientes, Astiz habría torturado a prisioneros mientras se infiltraba en el entonces incipiente movimiento de familiares de desaparecidos que se reunían en al Iglesia de la Santa Cruz, en Capital Federal, donde se produjo la desaparición de las monjas francesas. La desaparecida fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, también figura entre las víctimas de Astiz, quien participó del traslado de las religiosas Dumon y Duquet.

Desde hace años Astiz, que ahora está preso, ha sido blanco del repudio popular y fue declarado persona no grata en distintas ciudades. En el año 2000 fue condenado por la Justicia federal a una pena leve por presunta apología del delito, en virtud de declaraciones formuladas a una revista.

Paralelamente, en un acto desarrollado en Córdoba por la celebración del Día de la Aeronáutica, Kirchner formuló un llamamiento a los militares, a los que convocó a la construcción de una "Argentina sin privilegios", con "verdad y justicia", que requerirá también de "héroes con uniforme".

Las afirmaciones de Kirchner se enmarcaron en especiales circunstancias: hay 40 militares presos bajo cargos de crímenes contra la humanidad investigados por el juez español Baltasar Garzón; el Congreso debate la anulación de las leyes de impunidad y la Corte Suprema de Justicia prepara una sentencia que determinará si esas normas tienen vigencia o carecen de efecto por ser contrarias a la Constitución Nacional.

Ayer, Fernández dijo que los proyectos que analiza el Congreso podrían abarcar los indultos presidenciales, incluidos los que otorgó Duhalde al ex líder carapintada Mohamed Alí Seineldín y al ex jefe guerrillero Enrique Gorriarán Merlo, días antes del traspaso del poder a Kirchner. "No puede haber alternativas que no sean revisadas", expresó.

El ministro explicó que, pese a que la Constitución nacional otorga la facultad presidencial de indultar sólo en caso de condenas firmes, "algunos de los indultos han sido sobre procesos" aún abiertos, y recordó la llamada "Pirámide de Kelsen" sobre la primacía de las leyes.

Hans Kelsen, nacido en 1881 en Praga, es el autor de la Teoría Pura del Derecho y elaboró una pirámide sobre la jerarquía de las leyes a la que apeló Fernández para expresar que los tratados internaciones priman sobre las normas internas cuando éstos están incorporados a la Carta Magna.

"Hay una necesidad de mirar, a la luz de los tratados internacionales, cómo se comporta este tipo de legislación que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos", explicó el ministro.

La Cámara Federal porteña ya declaró la nulidad de las leyes de impunidad por considerarlas inconstitucionales, justamente debido a que violan pactos internacionales incorporados a la Constitución en la última enmienda. Esa decisión está ahora sujeta a la revisión de la Corte Suprema, que tiene la última palabra y esta semana salió a rechazar los reclamos del gobierno para una "rápida" sentencia sobre el caso (ver página 4).

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Finalmente Francia concretó el pedido de Astiz.

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