Guiño español en busca de extradiciones

La Acusación Popular dictaminó ayer, en Madrid, su visto bueno al exhorto de extradición del intendente electo de Tucumán, Antonio Domingo Bussi, y otros 24 militares y un civil para juzgarlos por "genocidio, terrorismo y torturas".

Aún resta el dictamen de la Fiscalía de la Audiencia Nacional española, que se opone a estas actuaciones, pero su opinión no es vinculante. Luego, el juez Baltasar Garzón tendrá plazo hasta mediados de septiembre para enviar el exhorto a la Argentina.

En la lista de 26 eventuales extraditables a España también figuran el ex capitán de fragata Alfredo Astiz y los ex comandantes de la Armada Armando Lambruschini y Jorge Isaac Anaya.

La presentación de la Acusación Popular, que representa a víctimas, familias y organismos defensores de los derechos humanos, fue formalizada por el abogado Manuel Ollé ante el juez Fernando Andreu, quien sustituye en sus vacaciones a Garzón. En la lista también figuran el abogado Gonzalo Torres de Tolosa, los marinos Ernesto Weber, Pablo García Velazco, Carlos Capdevilla, Carlos Pazo, Antonio Pernías, Luis María Mendía, Jorge Perren, Carlos Davidou, Miguel Angel Donda Tigel y el aeronauta Basilio Lami Dozo.

Además, constan los militares Rubens Omar Graffigna, Héctor Schawab, Julio César Coronel, Juan Carlos Trimarco, Albino Zimmerman, Augusto Neme, Luciano Benjamín Menéndez, Ramón Genaro Díaz Bessone, Jorge Olivera Rovere, Roberto Heriberto Albornóz y el prefecto Juan Antonio Azic, quien sigue internado tras haber intentado suicidarse la semana pasada.

El 8 de julio, Garzón reiteró los pedidos de extradición de 45 militares y un civil. Y decretó un embargo de 2.648 millones de euros sobre sus bienes para indemnizar a las víctimas y sus familias.

El magistrado federal Rodolfo Canicoba Corral logró la detención de 40 militares y un civil, mientras que siguen prófugos el capitán de navío retirado Jorge Vildoza, el teniente coronel Arturo González Naya y el coronel retirado Antonio Arrechea Andrade. Además, ayer rechazó que Luciano Benjamín Menéndez, Fernando Santiago y José Antonio Vaquero sean juzgados en Córdoba.

Ya están procesados y presos en España los marinos Ricardo Miguel Cavallo, alias Sérpico, y Adolfo Scilingo, el primero de los represores que confesó haber asesinado a 30 personas arrojándolas al mar durante los vuelos de la muerte .