Acorralados. El alto tribunal tensa la cuerda por las leyes de impunidad

La Corte advierte que no acepta presiones y se toma su tiempo

Los jueces se despacharon con una respuesta directa al presidente Kirchner y al Congreso de la Nación

En una respuesta directa al gobierno de Néstor Kirchner y al Congreso nacional, la Corte Suprema de Justicia anunció ayer que resolverá sobre la constitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final "sin ningún tipo de presión". Y advirtió que, para ello, se tomará los "tiempos necesarios". En tanto, el jefe del bloque de diputados justicialistas, José María Díaz Bancalari, dijo que la intención de la bancada oficialista es "participar del debate" sobre la anulación de las normas de impunidad con un "proyecto propio", que será presentado el martes próximo.

La posición de la Corte fue notifica vía comunicado oficial, tras una reunión de acuerdo que comenzó a las 9 y culminó a las 13.15. Los actuales ocho ministros resolvieron postergar su definición sobre las leyes hasta tanto se complete la vacante existente en el alto tribunal.

Desde el Palacio de Justicia dejaron entrever que los magistrados "no procederán bajo presión del Ejecutivo ni del Congreso" para decidir si confirma o revoca los fallos mediante los cuales la Cámara Federal porteña declaró la nulidad de las polémicas normas.

Luego de precisar que la Corte "abordó la cuestión que concierne a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes", el comunicado reconoció la "trascendencia significativa" que tendrá su resolución, de la cual dependerá que represores (según el gobierno, cerca de un millar) puedan ser procesados en el país por crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar.

Consignó, además, que los ministros se expedirán "en los tiempos que la Corte considere necesarios para que todos sus miembros puedan pronunciarse fundadamente, y sin ningún tipo de presión".

Una fuente del máximo tribunal reveló que el cuerpo "quiere señalarle al país y al gobierno que la Corte defenderá, con racionalidad y seriedad, la Constitución y las instituciones".

El presidente Kirchner admitió la semana pasada que considera inconstitucionales las leyes del perdón, y en las últimas horas el gobierno reclamó "rapidez" a la Corte en la resolución del tema.

En esa cruzada (a pesar de negar injerencia sobre otro poder del Estado) se anotaron el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y los ministros del Interior, Aníbal Fernández, y de Relaciones Exteriores, Rafael Bielsa, entre otros.

Desde el Congreso, el diputado Ricardo Falú (PJ-Tucumán) alertó que "los tiempos urgen" para una definición de la Justicia. El legislador preside la comisión de Juicio Político, que el 13 de agosto acusará en la Cámara baja a Eduardo Moliné O'Connor, integrante de la Corte, por presunto mal desempeño del cargo, al tiempo que propondrá su suspensión ante el Senado.

El Congreso analiza un proyecto para anular las leyes que desde fines de la década del 80 garantizan impunidad a los autores de delitos aberrantes perpetrados en la dictadura.

Pero es en realidad la Corte la única institución que puede dejar sin efecto esas normas y habilitar, así, al juzgamiento de represores que, de otro modo, seguirán lejos de los tribunales o sólo podrán ser extraditados para afrontar cargos fuera de la Argentina.

El presidente del alto tribunal, Carlos Fayt, recordó que "hay reglas de nueve y de cinco" para la Corte, que funciona con ocho miembros desde la renuncia, el 27 de junio pasado, del entonces titular, Julio Nazareno.

"Hay que respetar la regla de nueve", agregó Fayt, quien ya había adelantado que se aguardará la asunción del reemplazante de Nazareno, que sería el penalista y criminólogo Eugenio Raúl Zaffaroni, para dictar sentencia.

Mientras Kirchner optó esta vez por "no hablar" sobre la cuestión, Díaz Bancalari alejó anoche las dudas sobre la voluntad política de los diputados del PJ de participar en la sesión especial del 12 de agosto.

Paralelamente, la Corte elaboró un cronograma de trabajo frente a la incorporación de un nuevo juez y la posible suspensión de Moliné, analizó su propio desprestigio y convocó para hoy a los camaristas de todos los fueros.

Moliné O'Connor salió al cruce de Kirchner.