El paquete de medidas anunciadas ayer por el gobierno contienen cambios profundos en el sistema de seguridad social, que apuntan restringir los alcances de las asignaciones familiares a los sectores de menores ingresos, al margen de que los beneficiarios tengan o no un empleo.
El sistema se pondrá en marcha a partir del 1º de enero de 2002, según consignaron anoche el ministro de Desarrollo Social, Daniel Sartor, y la ministra de Seguridad Social, Patricia Bullrich.
Bullrich lo presentó como un sistema integral de protección y de inclusión para las familias. Este concepto contempla asignaciones familiares para desocupados y tarjetas bancarias para consumos familiares básicos en reemplazo de los planes Trabajar, que captará un 80 por ciento de todo el paquete destinado a planes de asistencia social que maneja el Estado nacional. La ministra explicó que a partir del 1º de enero de 2002, todas las familias que tengan un ingreso mensual de menos de mil pesos "sólo por residir en el país" accederán a la seguridad social.
El nuevo sistema significará para los hogares recibir una asignación de 30 pesos por hijo, una ayuda de cien pesos para los mayores de 75 años, una beca por permanecer en la escuela secundaria para los jóvenes de 13 a 17 años.
De ahora en más desaparecerán las asignaciones anuales por escolaridad, que serán reemplazadas por una mochila de útiles escolares que se repartirá a principios de año a más de cinco millones de chicos.
La idea es que la asignación por hijo llegue a ocho millones de chicos por medio de una tarjeta, que va a tener el cinco por ciento de descuento del IVA. Bullrich aclaró que los beneficios sociales alcanzarán a todos los que tienen ingresos de menos de mil pesos, "trabajen formalmente o informalmente, es decir, en negro", con lo que incluyó a "empleados del servicio doméstico, trabajadores agrarios y desocupados". Por su parte, aquellos trabajadores que ganen más de mil no recibirán más asignaciones familiares, en virtud de la redistribución de los recursos entre los más necesitados.
Consultada acerca de cómo se va a implementar este nuevo sistema, la funcionaria señaló que en los dos meses que quedan para finalizar el año, va a implicar un gran esfuerzo de organización social.
La redistribución de los planes
Para darle sustento a estas medidas, se prevé concentrar el 80 por ciento de todo el gasto social que tiene el país en este plan, lo que implicaría la desaparición de planes sociales y solo quedará en el Ministerio de Desarrollo Social un fondo para las emergencias, en particular destinado a asistencia alimentaria y en inundaciones.
También se habló, pero sin demasiadas precisiones, de la creación de un sistema especial para la recaudación de la seguridad social, de manera de poder utilizar las posibilidades de la bancarización del sistema de pago de salarios.
Otro de los puntos expuestos en lo que a seguridad social se refiere fue la actualización del padrón de beneficiarios de las obras sociales, para promover la libre elección de los afiliados y también apoyar a las obras sociales en crisis.
La Ciudad
