Detrás de la compulsa político-partidaria que marca el aspecto central de las elecciones del próximo domingo, la renovación del Senado implicará cambios institucionales de significación para la actividad parlamentaria.
La primera y fundamental es que después de 28 años los senadores serán electos a través del voto directo de la población, experiencia que sólo reconoce como antecedentes los comicios de 1949 y de 1973.
La modificación al sistema que se utilizó desde la restauración de la democracia en 1983 se planteó en la reforma constitucional de 1994 como un modo de relevar una metodología que manifestó severas fallas.
Hasta ahora la designación de los senadores corría por cuenta de las legislaturas provinciales, que eran las encargadas de elegir a los postulantes respetando proporcionalmente el esquema de fuerzas políticas locales. Este esquema era una herencia de la legislación anglosajona, que tenía como objetivo establecer una representación equitativa de las diferentes regiones del país que contemplara la influencia de las élites políticas locales.
Pero este sistema en la Argentina derivó en un mecanismo oscuro e irregular protagonizado por las grupos dominantes de las escenas políticas provinciales, que dio lugar a numerosos escándalos. El rechazo de un "video-pliego" del ex gobernador catamarqueño Ramón Saadi y la aceptación de los senadores truchos por Chaco, Hugo Sager, y por Corrientes, Rubén Pruyas, fueron quizá los casos más paradigmáticos de los últimos años.
En el libro "La Constitución Reformada" escrito por Roberto Dromi y Eduardo Menem en base a la nueva Carta Magna, los autores reconocen que el nuevo sistema "viene a incorporar, a sanear, a subsanar una serie de deficiencias".
Señalan que "el pueblo estaba siendo intermediado en una especie de gestión en comisión por las legislaturas locales que, con mayorías accidentales conformadas en elecciones anteriores, elegían a un representante que no representaba a la mayoría electoral de la última elección que era la última voluntad popular".
Sin embargo, hay voces contrarias a esta visión, como por ejemplo la del senador radical por Catamarca, Pedro Villarroel, uno de los hombres con mayor intervención en temas constitucionales de la actual composición de la Cámara alta.
"Tengo mis serias dudas de que el cambio de sistema signifique una mejor representación de las provincias", sostuvo el legislador. Algunos pares suyos, como Ricardo Branda o Jorge Yoma, creen que se va "diputizar" la Cámara, término con el que buscan resumir el espíritu más popular y menos elitista de la Cámara baja.
En esta ocasión, como ya ocurrió varias veces en la historia moderna del país por las constantes interrupciones democráticas, se suma el hecho de que se renovará la totalidad de las 72 bancas del Senado, particularidad que no se producía desde 1983.
Mujeres, a las bancas
Estas elecciones también ofrecen otra novedad: es la primera vez que se aplicará el cupo femenino en el Senado, con lo cual se garantiza la presencia de al menos 24 mujeres en la futura integración parlamentaria del cuerpo.
La ley que estableció la obligatoriedad de que al menos un tercio de las Cámaras deba estar compuesto por mujeres y fue sancionada el 8 de marzo de 1993. Sin embargo, por falta de reglamentación recién se aplicó por primera vez en una elección nacional en la legislativa de diputados de 1997, y quedó ratificada para el Senado por un decreto que firmó el presidente Fernando de la Rúa el 28 de diciembre del año pasado.
La aplicación de esta ley modificará en forma sustancial el panorama de una Cámara tradicionalmente integrada en su mayoría por hombres. De hecho, en la actualidad hay sólo 4 mujeres sobre un total de 69 bancas ocupadas.
El tercer cambio importante, como una consecuencia de la reforma constitucional de 1994, es la reducción del mandato de los senadores de 9 a 6 años, que se corresponde con la que se aplicó para el presidente y vice de la Nación (de 6 a 4 años).
La Ciudad
