El temor de la oposición en la Cámara de Diputados apuntaba al avance sobre leyes como la de defensa de la competencia, de entidades financieras, de las pequeñas y medianas empresas, de tarjetas de crédito, concursos y quiebras o patentes, sin que el Parlamento pueda influir sobre las decisiones. Sin embargo, el gobierno consiguió esta facultad por 114 votos contra 65. Quedaron exceptuadas de modificación las asignaciones familiares. Los diputados también dieron al Ejecutivo la posibilidad de crear o aumentar tasas, como los peajes, para poner en marcha obras de infraestructura. Por último, votaron los artículos que excluyen de la delegación legislativa la privatización de empresas públicas, universidades, entidades financieras oficiales, la Afip, el Pami y los entes reguladores.