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 miércoles, 22 de agosto de 2007  
Sur violento. Sigue la tensión social y política en la provincia del presidente tras el incidente del viernes
Masiva marcha en Santa Cruz para repudiar a Varizat
Reclamaron un severo castigo para Varizat, quien con su camioneta atropelló a un grupo de personas. La protesta aglutinó a los gremios estatales y estuvo liderada por el obispo Juan Carlos Romanín

Cientos de santacruceños realizaron ayer un paro y marcharon en repudio al incidente que protagonizó el ex ministro Daniel Varizat, quien atropelló con su camioneta a 17 manifestantes. La protesta fue liderada por el obispo Juan Carlos Romanín, quien pidió a las autoridades “que asuman la responsabilidad de gobernar”.

Trabajadores docentes, estatales, judiciales y municipales cumplieron ayer una jornada de huelga provincial, que según fuentes sindicales contó con alto acatamiento, y luego marcharon por el centro de la ciudad, desde la Casa de Gobierno hasta la sede del Consejo Provincial de Educación.

Durante un acto en una esquina céntrica de Río Gallegos, a pocos metros de donde el viernes se produjeron los incidentes, el obispo Juan Carlos Romanín realizó un “llamado a las autoridades para que asuman la responsabilidad de gobernar en esta etapa de transición”.

El diputado provincial Daniel Peralta asumió en mayo como gobernador tras la renuncia de Carlos Sancho, jaqueado por las múltiples protestas de docentes y trabajadores estatales. “Hace cinco meses exactamente me dirigí por primera vez en esta tribuna por un reclamo justo, hoy nos convoca la indignación, impotencia y bronca”, dijo el obispo al iniciar su discurso.

De ese modo, aludió a su primera participación al frente de las protestas de trabajadores santacruceños que durante la primera mitad del 2007 protagonizaron decenas de marchas en reclamo de aumentos salariales y mejores condiciones laborales.

Romanín reveló ayer que visitó a las cuatro personas que siguen internadas en el hospital regional de Río Gallegos y advirtió que “no puede haber ni un herido más” entre los habitantes de esa provincia.

“Desde hace unos meses nuestro pueblo pide el cuidado de las personas, la libertad de expresión, transparencia del manejo de los fondos públicos y la independencia de los tres poderes del Estado”, recordó el obispo.

Además, destacó que “ante los hechos del viernes”, cuando Varizat atropelló a 17 personas, “la gente respondió con racionalidad ante la irracionalidad, con justicia ante la criminalidad”.

“La vida de cada uno de nosotros, de nuestros hijos, amigos y compañeros esperemos que sea reconocida, respetada y querida”, dijo el obispo, y añadió: “En Santa Cruz no queremos violencia; les decimos no a las agresiones y sí a la justicia y la paz”.

Multisectorial. Organizadores de la marcha leyeron un documento elaborado por la multisectorial de gremios santacruceños que pide al gobierno provincial que “administre la crisis y que haya respeto por la vida y la independencia del Poder Judicial”, entre otras cuestiones.

La protesta contó con la adhesión de gremios docentes de diversos puntos del país, dirigentes de la CTA nacional y de la Cámara de Comercio local, por lo cual muchos comerciantes bajaron las persianas de sus locales ante el paso de la marcha.

Mientras se suceden los actos de protesta, los tres diputados del PJ “disidente” de Santa Cruz fueron desplazados por la presidenta de la Cámara, la kirchnerista Judith Forstmann, de las comisiones donde se tratará esta semana la renovación del contrato de la provincia con la petrolera Pan American Energy, que los legisladores cuestionan.

Así lo informó uno de los desplazados, Jorge González, quien aseguró que la medida” responde básicamente a que en estas comisiones se encuentra el famoso contrato firmado con Pan American Energy y el diputado (a cargo de la Gobernación, Daniel) Peralta, donde ellos sabían que son minoría”.

Los tres legisladores son el propio González, Osvaldo Pérez y Adrián Suárez, quienes junto con los dos radicales formaban la mayoría en las comisiones donde debe tratarse el contrato petrolero.


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El obispo Romanín reclamó al gobierno que asuma la responsabilidad.

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