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 domingo, 12 de noviembre de 2006  
Irán tildó de corrupta a la Justicia argentina
Dijo que no hay fundamento para acusarlo del ataque a la Amia y denunció un complot del sionismo y EEUU

Irán cuestionó duramente la orden de arresto internacional emitida por la Justicia argentina contra varios ex funcionarios de ese país, entre ellos el ex presidente Akbar Hahsemi Bahramaie Rafsanjani, acusados de estar implicados en el atentado contra la Amia en 1994.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Mohammad Alí Hosseini, advirtió que las acusaciones "no tienen fundamento desde el punto de vista legal" y disparó: "El sistema de la Justicia argentina es corrupto y la corrupción del juez (Juan José) Galeano ha sido evidente para todos".

"Hasta ahora no se ha suministrado ninguna prueba que muestre que la República Islámica estuvo implicada en este episodio", agregó Hosseini, en declaraciones difundidas por la televisión estatal.

En su fuerte embestida contra la resolución del juez Rodolfo Canicoba Corral, el funcionario iraní manifestó: "Está claro, es un complot estadounidense-sionista para debilitar a Irán en la cuestión nuclear, así como un intento por parte del régimen sionista de disimular su fracaso en su guerra en Líbano".

En tanto, el máximo diplomático iraní en Buenos Aires, el encargado de negocios Mohsen Baharvand, había cuestionado el fallo al sostener que existen presiones para que el gobierno argentino acuse a Irán.

Bajo la consideración de que el ataque a la Amia, que provocó la muerte de 85 personas, constituye un delito de lesa humanidad, el juez Canicoba Corral pidió el jueves la captura internacional del ex presidente de Irán Rafsanjani y de otros ocho ex funcionarios del gobierno iraní. La lista incluye al embajador de Irán en la Argentina en el momento del atentado, Hadi Soleimanpour, quien ya fue detenido por esta causa hace dos años en Gran Bretaña y luego liberado por falta de pruebas.

El juez Canicoba Corral puso el ataque a la altura de un genocidio al entender que la Trafic cargada de explosivos que demolió el edificio de Pasteur 633 y mató a 85 personas el 18 de julio de 1994 tuvo como objetivo atentar contra la población civil en el contexto de una persecución a la colectividad judía. Con el agravante de que esa masacre, según el juez, fue ideada y ejecutada por un Estado, lo que hace que trascienda el interés de la sociedad afectada por el delito para importar a la comunidad internacional.

Mientras, el abogado Juan Gabriel Labaké reveló que el gobierno iraní intentó en reiteradas oportunidades dialogar con la Cancillería argentina, sin recibir ninguna respuesta ante pedidos de reuniones con el ministro Jorge Taiana y varios de los integrantes de su equipo. Según detalló el letrado, las autoridades iraníes pidieron varias entrevistas antes de que el juez dicte las órdenes de detenciones de los sospechosos de trágico ataque.
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