Tiempo de cambio. La Legislatura estudia una propuesta del socialismo tendiente a modificar los trámites judiciales

Se suman voces al debate del proyecto de jurados populares

Abogados, jueces y gente de la cultura se adelantan a la posibilidad de que ciudadanos comunes suban a los estrados

Andrés Abramowski / La Capital

Si a cualquier santafesino le dijeran que podrían llamarlo para ser parte de un jurado en un juicio, lo primero que imaginaría sería un hombre de toga saludándolo con un ceremonioso "damas y caballeros del jurado". Es muy probable que esa persona nunca haya visto las oficinas donde funcionan los juzgados rosarinos, aunque seguramente vio más de una película ambientada en recintos judiciales supuestamente neoyorquino, en donde los abogados pueden hacerlo llorar en pleno alegato, justo cuando suenan aplausos mezclados con la música de los títulos. Algo bastante parecido, aunque menos espectacular, podría hacerse realidad en la provincia si prospera un proyecto para que la culpabilidad o no de los acusados en juicios penales por delitos graves se dirima por el voto de un grupo de ciudadanos: amas de casa, taxistas, médicos, soderos o arquitectas con sentido común y sin conocimientos técnicos jurídicos.

Aunque el juicio por jurado para delitos penales graves figura en la Constitución Nacional desde 1853, un siglo y medio después sólo se aplica en la provincia de Córdoba. Hubo en Santa Fe un proyecto que se durmió hace dos años y ahora el Partido Socialista presentó otro, como informara este diario el pasado 27 de octubre. Pero más allá de la propuesta a consideración de la Legislatura, el debate sobre esta reforma no acepta más dilaciones. La Capital consultó a ciudadanos a quienes este tema no les es indiferente; algunos son abogados, otros podrían un día ser convocados a un jurado.

Algo que no parece estar en discusión es el mandato constitucional: si está en la Carta Magna no se puede seguir ignorando, coincidieron varios hombres de derecho. Pero el diputado provincial por el Partido Justicialista Danilo Kilibarda expresó sus dudas acerca de implementar el sistema Santa Fe al citar un reciente fallo de un jurado cordobés que la Cámara Penal mediterránea revocó por considerar, paradójicamente, anticonstitucional. "Para algunos juristas, este tema está delegado al Congreso de la Nación y no a las legislaturas provinciales", explicó, y aclaró que en ese caso no se había objetado el desempeño del tribunal popular sino su competencia.


Participación democrática
Este detalle no invalida la pregunta principal: ¿Podrían los jurados mejorar la actualmente conflictiva relación entre la sociedad civil y la Justicia? "La comunidad debe participar democráticamente en la tarea de juzgar, que no tiene por qué ser exclusiva de los abogados. ¿Por qué un ciudadano que no es abogado puede ser presidente o legislador y, sin embargo, no puede juzgar? Además, la aplicación del derecho siempre va a estar a cargo de un juez técnico, el jurado es un filtro que autoriza esa aplicación", explicó el abogado y docente universitario Víctor Corvalán.

En un sentido similar se expresó el politólogo Hugo Quiroga, para quien el jurado haría "participar a los ciudadanos en una función central del Estado como la administración de justicia". Quiroga avizoró una "labor pedagógica" en estos juicios: "Los argentinos tenemos un déficit en cultura legal, de poco respeto por la ley y creo que los juicios por jurado enseñarían sobre las nociones de equidad y justicia. Y también creo que con esta participación de ciudadanos se contribuye a legitimar la decisión judicial, ya no sólo en manos de jueces. Eso ayudaría a recuperar la credibilidad en la Justicia".

Tras aclarar que lo único que sabe de los juicios por jurados lo aprendió mirando cine, el periodista y docente universitario Daniel Briguet ve su posible aplicación como un "factor dinamizador del aparato judicial que se percibe muy burocrático. Es positivo para la participación, puede suponer para algunos sectores involucrarse más en la Justicia, pero no sé si garantizaría una Justicia mejor".

Algo similar opinó uno de los tres jueces de la Sala II de la Cámara Penal de Rosario, Ramón Ríos, para quien si bien los jurados acercarían al pueblo a la Justicia, ese proceso no podría prescindir de otras reformas urgentes. "Sería un error creer que solucionarán mágicamente los problemas de inseguridad que, en rigor, se generan a partir de políticas sociales de exclusión y se favorecen por la ineptitud para encarar investigaciones criminalísticas serias. Con o sin jurados, hay cosas que tienen que cambiar ya: los juicios deben ser más rápidos y transparentes, y la calidad de la investigación debe mejorar. Estoy a favor de los jurados, pero si vienen con todo lo otro".

En este aspecto, Kilibarda estableció sus prioridades: "La urgencia ciudadana es que la Justicia funcione y para eso hoy en Santa Fe es más prioritario cambiar el Código Procesal, establecer la oralidad y dotar a estas reformas de la estructura necesaria para funcionar. El juicio por jurados serviría, con ciertos reparos: ver qué delitos se juzgarían y si se priorizara su naturaleza o su gravedad, según pautas objetivas".


Dudas y certezas
"A favor pero con reparos" a la hora de su implementación también se mostró el juez penal de Sentencia Antonio Ramos. "No hay que abandonar jamás los principios de inocencia y las libertades individuales", afirmó el magistrado (ver aparte), que de alguna manera expresó sus dudas acerca de la lógica con la que se juzga desde la calle. Esto también fue apuntado por Briguet, que notó, desde el campo de la comunicación, la "coexistencia de los juicios jurídicos con los mediáticos, que tienen otros tiempos". Para el docente, la implementación de los jurados no haría desaparecer la brecha entre ambos aparatos pero "podría suponer un acercamiento entre la Justicia y lo que se podría denominar la opinión de la calle".

Uno de los aspectos más controvertidos sobre los jurados se refiere a la idoneidad de sus miembros. Para la abogada María Eugenia Caggiano "en este país no hay cultura para discutir el juicio por jurado, habría que hacer una transición gradual, formar una cultura respecto de la responsabilidad de ser jurado. Y a la hora de implementarlo, tomar todos los recaudos para que no termine siendo otra cosa que maquillaje".

La escritora Angélica Gorodischer, por su parte, se mostró tan entusiasmada como cautelosa con la idea. "Me parece fantástico que la población pudiera juzgar, a través de los jurados, pero si lo pienso un poco tengo mis reparos". Es que cualquiera se aterraría ante la idea de un jurado compuesto por gente común que ignora las leyes de tránsito, barrabravas condenados que van a la cancha con recursos de amparo, gremialistas millonarios que manejan patotas o empresarios exitosos en el arte de la coima o la evasión. Pero esas dudas serían parte de un debate mayor: cómo se percibe a sí misma la sociedad argentina.

Para Quiroga, "la sociedad santafesina tiene la madurez suficiente como para que esto sea factible de implementar, aunque no sería fácil". Corvalán eligió "no subestimar: pensar que el pueblo no puede actuar en la administración de justicia es un legado medieval que muestra la vigencia de la inquisición en el derecho actual", afirmó, y añadió que "hay que desmitificar el trabajo de los abogados".

Más allá de su aporte a la administración de justicia, los jurados populares podrían plantear un desafío aún más interesante en la sociedad: promover la participación en temas relacionados con el interés común. Para eso sería vital conciliar todas las posiciones y, para que el debate llegue a buen a puerto, no debería omitirse que además de trabajar mucho se debería pensar a largo plazo. Justamente, parámetros que no parecen tener mucho quórum en una sociedad ciclotímica marcada desde hace años por una sensación constante de inmediata zozobra.

El primer juicio por jurado que se hizo en Córdoba, en 2005.