Ordenan pagar suma millonaria a procurador que echó Kirchner

Eduardo Sosa fue destituido sin juicio político cuando el hoy presidente era gobernador de Santa Cruz

El gobierno santacruceño aprobó el pago de 1,2 millón de pesos al ex procurador general de Justicia Eduardo Sosa, quien fue destituido de su cargo en 1995 mediante una ley provincial del entonces gobernador Néstor Kirchner.

El Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz había decidido en abril de este año no reincorporar al ex procurador Sosa, removido de su cargo mediante una ley en lugar de un juicio político.

La Justicia, en cambio, falló para que se pague una indemnización de 1,2 millón de pesos.

En 1995, la administración kirchnerista, con el aval de la Cámara de Diputados, aprobó una ley que lo removió del cargo, lo que violó la estabilidad que le garantizaba la Constitución provincial.

La propia Justicia santacruceña había declarado la inconstitucionalidad de esa ley pero no dispuso medidas.

El caso de Sosa había llegado a instancias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se pronunció a favor de su restitución al cargo desde 1998 al 2001.

Allí se exhortaba al Poder Ejecutivo santacruceño a que cumpliera con el fallo "en garantía de la división jurídica del poder y las competencias federales".

Ahora en el Tribunal Superior de Justicia se encuentra el expediente para la ejecución de sentencia, que sólo se pronunció en cuanto al resarcimiento económico y no sobre la reincorporación o no del ex procurador.

En otro orden, las sesiones de la Convención Constituyente para la reforma de la Constitución de Neuquén arrancaron ayer en esa ciudad con incidentes en las puertas de la Legislatura, donde la policía provincial dispersó con gases y balas de goma a manifestantes de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) y otros sectores que se oponen a la reforma.

La convocatoria a la sesión preparatoria de la convención la realizó el vicegobernador Federico Brollo, quien ayer se limitó a encabezar un acto protocolar para dar la bienvenida a los 35 convencionales.

La policía desplegó un fuerte operativo policial con efectivos de calle pero también grupos antimotines que con balas de goma y gases lacrimógenos dispersó una manifestación de militantes de gremios de la CTA y de otros sectores sociales que marcharon hacia la Legislatura en contra de la reforma constitucional.