Presos privilegiados. Accedían a duchas calientes, a una cocina y evitaban las requisas de las visitas mediante el pago de cuotas

Denuncian que en Jefatura funciona un penal con acceso a servicios VIP

Lo hizo la esposa de un preso federal a la que le exigieron 6 mil pesos como "inscripción" y 500 por mes a modo de cuota. También, dos policías le pidieron $10 mil para que el hombre no fuera trasladado a Ezeiza

María Laura Cicerchia / La Capital

La esposa de un preso federal que se encontraba detenido en un penal de la Jefatura local denunció que dos policías le solicitaron dinero a cambio de que su marido permaneciera alojado en esa sección y pudiera disfrutar de un servicio preferencial. La presentación ingresó ayer a la fiscalía en turno de los Tribunales y revela la existencia de "un lugar de detención VIP" para quienes, de acuerdo con la denuncia, estén dispuestos a abonar una suerte de inscripción de 6 mil pesos y, en lo sucesivo, unos 500 pesos por mes.

La existencia de un lugar privilegiado de detención fue denunciada por María Esther Arce, la mujer de un hombre detenido a fines de julio pasado y que resultó procesado en una causa por drogas. Ante la fiscal Adriana Camporini, la mujer relató que el 15 de agosto de pasado dos policías -a los que identificó como pertenecientes a la sección Seguridad Personal- le pidieron una entrega de 6 mil pesos y otros 500 por mes "para que su marido tenga una especie de servicio VIP donde se encontraba detenido". Los policías mencionados en la denuncia son D.S. y otro cuyo apellido empieza con V.

La mujer sostuvo en la presentación que no accedió a aquel pedido. Pero el jueves último, según contó, le pidieron nuevamente 10 mil pesos para evitar que su marido fuera trasladado a la cárcel de Ezeiza. Ante la fiscal, la mujer señaló que no tenía dinero para cumplir con ese requisito, por lo que su esposo fue conducido al nuevo destino en la provincia de Buenos Aires. "No soy la única víctima de éstos policías. Esto de pedir plata para frenar el traslado lo hacen con todos los detenidos, pero no todos hacen la denuncia por miedo", reveló. La exposición iba a ser evaluada por la fiscal, quien ayer al mediodía debía establecer qué juzgado era competente en el caso.

No es la primera vez que la familiar de un preso denuncia la existencia de servicios privilegiados en un lugar de detención. En septiembre de 2003 un grupo de familiares reveló que en la vieja Alcaidía de la actual sede de Gobernación (que luego fue demolida) funcionaba un sector VIP donde los abonados podían disfrutar desde visitas sin límite hasta bebidas alcohólicas o televisión por cable; mientras los presos comunes tenían que someter los alimentos entregados por sus parientes a una requisa minuciosa (ver aparte).

"Lo que más me dolió es que te cobren para que un familiar esté preso. Y si no tenés plata, se lo llevan lejos. No siento haber hecho algo heroico por denunciar esto, sólo me indignó que pidan plata por estar preso. Me dolió mucho que no me hayan avisado con anticipación que iban a trasladar a mi marido y por qué lo hacían.", expresó la mujer a La Capital tras presentar la denuncia penal. De todos modos, aclaró que el traslado a Ezeiza no implica una irregularidad porque su esposo está a disposición de la Justicia federal.

María Esther Arce dice que su marido, Juan Antonio J., estuvo detenido en la Jefatura de Ovidio Lagos al 5200 desde el comienzo de la causa porque fue apresado por agentes de una repartición de la Jefatura. En una habitación del edificio policial, el hombre compartía el encierro con otros 7 presos. La denunciante dijo que ese sitio cuenta con un baño con agua caliente y una cocina que los internos comparten con el personal policial. Relató que su esposo podía cocinar, preparar mates y recibir visitas que no eran sometidas a requisa. Nada de lujo, pero un paraíso en comparación con los atestados penales de comisarías.

La mujer relata que se enteró del inminente traslado de su esposo porque él la llamó por teléfono antes de viajar. De acuerdo con Arce, el requerimiento de dinero era frecuente y se lo solicitaban los policías directamente a su marido, con quien tiene tres hijos. "Sólo pretendo que no hagan más los chantajes que hicieron conmigo", refirió.

Antonio J. fue apresado el 29 de julio pasado en una casa de French al 6900 que había sido allanada 20 días antes, cuando la policía encontró estupefacientes en el lugar y abrió una causa por facilitación de la prostitución de menores. El hallazgo de droga se había producido el 8 de julio. Entonces, agentes de Unidades Especiales secuestraron cocaína y picadura de marihuana y algunos elementos robados, pero no había ningún mayor de edad en la casa.

Las sospechas recayeron sobre un hombre apodado Tarta. Así fue que poco después apresaron a Antonio J. acusado de ser el dueño de la casa allanada. El hombre, que tiempo atrás cumplió una condena a seis años por infracción a la ley de estupefacientes y asegura dedicarse a la compraventa de autos, fue procesado por el juez de Instrucción Carlos Vera Barros.

El marido de la denunciante estaba detenido en un penal dentro de la Jefatura.