Año CXXXVIII Nº 48826
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 domingo, 31 de julio de 2005  
Editorial
Tránsito: severidad necesaria

Quienes conduzcan con un dosaje de alcohol en sangre superior al permitido podrán ser castigados con penas de prisión a partir de la promulgación gubernamental de una modificación al Código de Faltas. El incremento del castigo era inevitable. Ahora resta que la ciudadanía adquiera mayor conciencia.

Muchas veces, con la sola persuasión no alcanza. La elevada cantidad de accidentes viales con saldo fatal que se produce en la provincia de Santa Fe entrega una señal nítida de que la gente no sabe, en ocasiones, custodiarse a sí misma ni cuidar a su prójimo. Y aunque nunca se debe cejar en la tarea de educar, tampoco corresponde que una sanción liviana en relación con el daño causado sea el único desenlace de hechos provocados por la más absoluta desaprensión y la más grave imprudencia. De allí que la promulgación por parte del gobernador Jorge Obeid de una modificación al Código de Faltas provincial que permitirá castigar con penas más severas -hasta un mes de prisión- a quienes conduzcan alcoholizados merezca ser vista como un paso necesario en la dura lucha contra el tránsito salvaje.

No hace falta ir muy lejos en la crónica periodística para recordar colisiones con saldo fatal causadas por la excesiva ingesta de bebidas alcohólicas. El 22 de mayo pasado -en un caso que mereció gran despliegue en los medios- un joven de 19 años con un dosaje de alcohol en sangre de dos gramos por litro estrelló su impactante automóvil importado contra varios árboles del parque Norte. El resultado del choque fue la muerte de otro muchacho de la misma edad y de una adolescente de 16 años.

En el proyecto de ley que ahora promulgó el jefe del Estado santafesino se subrayan cuáles son los niveles de daño en relación con siniestros de tales características: el humano -se pierden vidas-; el psíquico o emocional -la inevitable repercusión angustiosa en los familiares de las víctimas, con secuelas muchas veces irreversibles-, y el económico, vinculado a la enorme cantidad de recursos materiales que se destina a curaciones, reparaciones y gastos de índole judicial.

Como se puede apreciar, las consecuencias que implica para la sociedad la inmensa irresponsabilidad -y el término queda corto- que implica manejar alcoholizado son tan penosas como múltiples. Sin embargo, la conciencia al respecto continúa siendo baja entre los conductores y entonces no queda otro remedio que vigilar y castigar, ahora con la posibilidad de apelar a sanciones mucho más serias.

Aquellos que de manera permanente ejercen el rol de contraventores o infractores son parte de una cultura individualista que debe ser desterrada si se pretende crecer como país. Y en este caso, la principal responsabilidad -aunque duela- es de la gente.
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