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 domingo, 05 de junio de 2005  
Caso Baseotto: La Nación destina unos 20.000 pesos mensuales por tener rango de subsecretaría
El Obispado Castrense, una estructura que siembra dudas
En 1998, al recibir la jerarquía de diócesis, el gobierno de Menem le reconoció la remuneración oficial

Javier Felcaro / La Capital

La polémica que casi extingue al Obispado Castrense, luego de que el gobierno separara a su titular, monseñor Antonio Baseotto, por sus declaraciones contra un integrante del gabinete de Néstor Kirchner, también instaló interrogantes acerca de los fondos que la Nación le destina -y su utilidad- por tener rango de subsecretaría de Estado. Dudas que, a partir del cariz que viene adquiriendo la controversia, quedarían lejos de develarse.

El Obispado Castrense comprende las capellanías de la Presidencia de la Nación, fieles militares y civiles que pertenecen al Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval y el personal de los ministerios de los que dependen (Defensa y Justicia y Seguridad).

Según un acuerdo firmado a fines de la década del 50, la Santa Sede designa al obispo castrense con la aprobación del primer mandatario. El prelado depende del área presidencial y tiene atribuciones y sueldo de subsecretario de Estado.

La estructura, que se completa con otros religiosos, recibe unos 20.000 pesos asignados por la Nación. Y, si bien en todo el país hay capellanes, el clero castrense también se mueve con sacerdotes de las diócesis en las que se emplazan, por ejemplo, unidades de las Fuerzas Armadas.

A su vez, la jurisdicción del obispo castrense es personal sobre los fieles que le son confiados (no territorial) y está unida a la de sus pares locales, aunque predomina en las zonas militares. Además, su estatuto la extendió a los militares retirados y sus familias.

El Obispado Castrense posee seminario y clero propios. Y a él se suman capellanes auxiliares: sacerdotes o religiosos que aportan sus diócesis o congregaciones con una dedicación parcial. Esto ocurre en Rosario, según confirmaron desde el área de prensa del Arzobispado.

La estructura se completa con el vicario general u obispo auxiliar, el vicario episcopal para la educación y la cultura, el delegado episcopal para la pastoral de la salud y de las religiosas, el canciller y secretario general, el secretario de curia o notario y el ecónomo y administrador.

Los datos oficiales aportados a La Capital por el diputado nacional socialista Héctor Polino ("es información que no se publica", dijo) reflejan que la Nación le entrega al obispo castrense 5.000 pesos mensuales (3.500 de sueldo básico y 1.500 por asignaciones funcionales).

Al vicario general u obispo auxiliar le corresponden 4.000 pesos (2.800 de salario básico y 1.200 por asignaciones funcionales), mientras que para el secretario general y canciller hay 3.000 (2.100 y 900).

El asesor eclesiástico tiene destinados 2.220 pesos (1.540 de básico y 660 por asignaciones funcionales), al tiempo que el coordinador administrativo y el secretario o notario reciben 1.500 (1.050 y 450), respectivamente.

La designación del sacerdote Daniel Ferrari como consejero eclesiástico ante la Santa Sede, la semana pasada, constituyó un nuevo gesto del gobierno hacia la Iglesia Católica después de meses de tensión.

Las relaciones habían quedado a un tris de la ruptura cuando el presidente desplazó unilateralmente a Baseotto, luego de que éste sugiriera que el ministro de Salud, Ginés González García, merecía ser arrojado al mar por defender la despenalización del aborto.

El Vaticano replicó con que no había razones canónicas para alejar al prelado. Sin embargo, la Casa Rosada le quitó a Baseotto el rango de subsecretario de Estado y los haberes. Mientras la controversia sigue siendo evaluada en forma reservada, en Balcarce 50 no descartan que el prelado se vaya.

De todos modos, el propio ministro de Defensa, José Pampuro, terminó ratificando la continuidad del Obispado Castrense. Paradójicamente, lo hizo pocos días después de alimentar su posible disolución.

En tanto, en la Cámara de Diputados, Polino presentó un proyecto de ley para suprimir el Obispado Castrense y que "en ningún caso se requiera a los integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad la declaración o manifestación de sus creencias religiosas".

La conformación de un obispado "para organizar la atención espiritual de los ciudadanos transitoriamente bajo bandera y de los cuadros permanentes de las Fuerzas Armadas y sus familias" surgió del acuerdo firmado en 1957 entre la Argentina y la Santa Sede.

En rigor, se erigió el 8 de julio de ese año por un acuerdo similar a los que el Vaticano había firmado con Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia, Chile y otros países.

El 9 de junio de 1958 se habilitó la sede del Vicariato, con la presencia del entonces presidente Arturo Frondizi. Luego se aprobó su reglamento. En 1965, Arturo Illia inauguró la iglesia Stella Maris, catedral castrense.

En 1986, por una constitución apostólica del extinto Juan Pablo II, se ratificó la facultad de tener sus propios seminarios. Entonces no se habló más de vicariatos.

Seis años después, un decreto de Carlos Menem aceptó su jerarquización a obispado. Desde entonces tiene rango de diócesis. En 1998, el riojano también le reconoció rango y remuneración de subsecretario de Estado.

Baseotto, impulsado durante el gobierno de Eduardo Duhalde (merced al influyente Esteban Caselli), había llegado al Obispado Castrense tras la muerte de su antecesor.
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El obispo castrense generó la ira del gobierno.

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