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 miércoles, 17 de noviembre de 2004  
Desaparecidos. Resolución que jaquea al ex marino
Scilingo finalmente será juzgado por los tribunales españoles
El Tribunal Supremo peninsular avaló de esta forma lo actuado por la Audiencia Nacional

La Justicia española podrá juzgar al represor Adolfo Scilingo por violaciones a los derechos humanos perpetradas durante la última dictadura militar en la Argentina, ya que el Tribunal Supremo confirmó la competencia de la Audiencia Nacional para ese fin.

Scilingo será el primer represor argentino en ser juzgado en España y también en estar presente en su proceso, ya que tanto el ex marino Alfredo Astiz como los ex generales Guillermo Suárez Mason y Santiago Riveros fueron condenados en ausencia a cadena perpetua en Francia e Italia, respectivamente.

Mediante este fallo, la instancia judicial española confirmó el auto de la Audiencia Nacional de julio de 2003 en el que se declaró competente para juzgar a Scilingo por supuestos crímenes de lesa humanidad.

La Sala Segunda del alto tribunal rechazó así un recurso interpuesto por el ex militar, detenido en España y procesado por el juez Baltasar Garzón por delitos de genocidio, terrorismo y torturas, y confirma el auto de la Audiencia Nacional (principal instancia penal ibérica) del 28 de julio de 2003.

La Fiscalía, que siempre se opuso a la competencia de los tribunales españoles en los casos de los desaparecidos en la Argentina y Chile, también había presentado un recurso en el Tribunal Supremo contra la decisión de la Audiencia Nacional de juzgar a Scilingo.

Sin embargo, con la llegada al poder del Partido Socialista, el nuevo fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, cambió su posición y retiró el recurso judicial.

Así cambió la posición española respecto de los procesos que se siguen en ese país contra ex militares argentinos, ya que el gobierno del Partido Popular de José María Aznar había decidido, en su momento, suspender distintos pedidos de extradición contra ex represores solicitados por Garzón.

En ese sentido, el abogado Carlos Slepoy, de la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos en Madrid, no descartó que se soliciten nuevamente extradiciones.

También calificó de "insólita" la decisión que en su momento tomó el gobierno de Aznar de suspender los pedidos de extradición hasta que la Corte Suprema de Justicia argentina se expida sobre la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final por parte del Congreso.

Para el Tribunal Supremo, en el caso de Scilingo la jurisdicción ibérica es competente porque los delitos de los que se lo acusa "afectan a bienes cuya protección resulta de interés para la comunidad internacional, el presunto culpable se halla en territorio español y existe un punto de conexión directo con intereses nacionales en cuanto aparecen víctimas de nacionalidad española".

En consecuencia, el Tribunal Supremo estableció que es aplicable el artículo 23.4 de la ley orgánica del Poder Judicial, que consagra el principio de Justicia universal.

Según este artículo, "la jurisdicción española será competente para conocer los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional, susceptibles de tipificarse según la ley penal española como delitos de terrorismo, genocidio o cualquier otro que, de acuerdo a los tratados internacionales, deba perseguirse en España".

Scilingo, junto al también ex militar Ricardo Miguel Cavallo, extraditado por México en junio de 2003, son los únicos presuntos responsables de esos crímenes a disposición de la Justicia española.

Esta doctrina aplicada a Scilingo podría ser trasladada a Cavallo, en prisión en España, para lo que deberá examinarse si está encausado en la Argentina por los mismos delitos, ante la derogación de las leyes de punto final y obediencia debida.

Scilingo, quien llegó voluntariamente a España el 6 de octubre de 1997 y confesó su participación en los llamados "vuelos de la muerte", aunque más tarde se retractó de sus dichos.

Está preso desde el 31 de julio de 2001 por orden de Garzón, quien lo procesó por delitos de genocidio, terrorismo y torturas.
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El ex marino participó en los denominados "vuelos de la muerte".

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