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 sábado, 27 de marzo de 2004

El municipio no le pone la soga al cuello a la Central Sorrento

El cortocircuito está desde hace tiempo, pero hay voluntad para solucionarlo sin que la sangre llegue al río. Las autoridades municipales dejaron ayer en claro que están dispuesto a llegar a un acuerdo con Central Térmica Sorrento para evitar la ejecución de un embargo por 14 millones de pesos que pesa sobre la usina por deudas impagas de la tasa de contribución que grava con un 10 por ciento la facturación del gas que la usina utiliza como insumo.

"La empresa no ha cumplido con el tributo y tenemos que cobrar esa deuda porque son recursos que deben ingresar a las arcas municipales. Pero estamos trabajando para pactar un plan de pago en cuotas porque el municipio no está en contra de la empresa", precisó Juan Carlos Zabalza, secretario de Gobierno municipal.

El funcionario argumentó que las ordenanzas municipales se deben cumplir y que ello no implicará obstruir el funcionamiento de una empresa de la ciudad. Zabalza remarcó: "Las obligaciones hay que cumplirlas, en lugar de evadirlas", y destacó que el municipio reclama lo justo, y por eso la Justicia avaló el reclamo en dos instancias.

Por su parte, el secretario de Hacienda, Carlos Fernández, se mostró conforme por las tratativas que comenzaron con la empresa para intentar arribar a un acuerdo y anticipó que "hay buena voluntad de las dos partes" para llegar a un arreglo de pago en cuotas.

El embargo judicial por 14 millones de pesos trabado por la Municipalidad de Rosario se dio en el marco de un juicio entablado en 1994 por la falta de pago de una tasa de contribución, calificada de inconstitucional por la empresa y por ende resistido.

El caso que se dirime en la Justicia provincial tuvo una primera sentencia del juzgado número 4 en lo civil y comercial, cuando estaba en manos del juez Pagnacco. El fallo fue convalidado en una instancia superior por la Sala 3ª de la respectiva cámara de apelaciones a principios de 2003, lo cual llevó a Central Sorrento a interponer un recurso de anticonstitucionalidad ante la Corte Suprema santafesina.

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