Exigen al Estado que frene los juicios de la ex Aguas

Hay 8.875 causas contra los morosos. El 65 % podría perder sus inmuebles

Una nueva pelea judicial avanza entre vecinos y la ex empresa concesionaria Aguas Provinciales de Santa Fe. La firma francesa inició una demanda millonaria en la Justicia contra 8.876 rosarinos por boletas impagas cuyo monto total ascendería a los 26 millones de pesos, sólo en Rosario. “Es increíble que una empresa que incumplió la mayoría de los puntos del contrato de concesión, como obras que cobró por adelantado y nunca las hizo, ahora pretenda cobrarles a los usuarios”, bramó el concejal del ARI, Nire Roldán. El edil ingresó ayer un proyecto para que la provincia e incluso la Legislatura tomen cartas en el asunto, sugeriéndoles varias opciones para evitar la hecatombre que producirían los miles de remates de viviendas en la ciudad.

   El arista que siguió el tema desde hace años en la comisión especial del Agua del Concejo Municipal, y ahora logró que la información provenga directamente de los Tribunales provinciales. La gravedad es tal que más de un 65 por ciento de los demandados “está en riesgo cierto de que sus viviendas vayan a remate judicial, lo que significa un total de 5.775 inmuebles”, precisó Roldán. Según el arista, la situación puede llegar a ser incontrolable ya que la firma, hoy en liquidación, logró que casi seis mil causas tengan sentencia firme de ejecución, mientras que otras 2.846 aún siguen en trámite judicial. Roldán presentó ayer en el Palacio Vasallo un proyecto de resolución por el que exige que “se tomen medidas urgentes” para evitar la “ejecución de las sentencias firmes y para que se frenen las otras.

   La comisión del Agua asegura que, pese a la gravedad, aún se está a tiempo para frenar la hecatombe económica para miles de familias rosarinas. Los especialistas dan opciones para que la provincia actúe de manera contundente, por lo que sugieren que los créditos que tiene la empresa a su favor sean declarados como “intransferibles”.

   De este modo se prohibiría la cesión de la cartera a privados, ya que las deudas provienen de un servicio público concedido y como tales gozan de los privilegios de los créditos por impuestos y tasas, de acuerdo a la ley Nº 11.220.

   Otra posible salida es que el Ejecutivo o la Legislatura provincial declaren a los créditos, mediante una ley, de utilidad pública y sujetos a expropiación, en consonancia con el artículo Nº 15 de la Constitución provincial, que habilita al Estado a capturar bienes previa indemnización por motivos de interés general.

   Además, en el marco del juicio entre la ex concesionaria y el Estado provincial por la salida de la empresa, el Ejecutivo esgrimió en su momento que debido a “los graves incumplimientos” del contrato realizado con Aguas, más las deudas que ésta mantiene con el concedente y la recaudación que obtuvo por el aumento del cargo tarifario del 11,85 por ciento, las rentas obtenidas podrían compensar el dinero que se reclama a los usuarios enjuiciados.



Compra. En otro orden, la comisión del Agua propone que el Estado “se subrogue en el derecho de la ex concesionaria ya que las obligaciones provienen de un servicio público”. Esta modalidad significa que el Poder Ejecutivo compre la deuda en su totalidad por lo que luego podría implementar una moratoria integral con planes de pago de largo plazo.

   Según Roldán, esa sería la alternativa más sencilla y viable, aunque si el Estado interviene analizará cuál podría ser la mejor salida para los usuarios.

   Miles fueron los vecinos de Rosario que han sufrido una situación similar cuando la ex estatal Dipos dejó el servicio en manos de Aguas Provinciales de Santa Fe. La entonces firma residual intentó cobrar boletas impagas, en muchos casos con multas usurarias y con amenazas de ejecución de viviendas, hasta que la Justicia anuló los procesos.



Sufridos usuarios. Esta misma situación promete volver a maltraer a los sufridos usuarios del servicio de agua potable, que en muchísimos barrios más que disfrutar del suministro de agua padecieron problemas como la falta del líquido en el verano o lo consiguieron a cuentagotas en determinados horarios del día.

   Lo cierto es que la ex concesionaria comenzó las demandas por cobro de deudas pendientes que fueron presentadas paulatinamente desde 1998 a 2005 y, durante ese período se fueron acumulando las causas judiciales hasta llegar a esta instancia en la que ahora hay miles de hogares en riesgo de remate. l