El gobierno vasco objetó los arrestos de Garzón

Madrid. — La ya alta tensión política aumentó ayer en España, tras el rechazo del gobierno nacionalista vasco al arresto de la cúpula del brazo político de ETA, Batasuna, por orden del juez Baltasar Garzón. Un millar de manifestantes marcharon ayer por Bilbao en reclamo de la libertad de los dirigentes. Batasuna es una formación ilegal, considerada por la Justicia una extensión política de ETA.

La policía española detuvo la noche del jueves a 23 integrantes de Batasuna, entre ellos a gran parte de su dirección, acusados por el juez Garzón de realizar una “asamblea clandestina e ilegal”. Garzón alega que la reunión podría suponer “reiteración delictiva” para algunos de sus participantes, como Joseba Permach, número uno de la organización desde que su líder, Arnaldo Otegi, está en prisión.

El consejero de Justicia de Euskadi, Joseba Azkarraga, denunció la “oportunidad política” de la masiva detención, ya que “resulta muy sospechoso que los impulsos en las actuaciones judiciales coincidan con momentos tan trascendentes para la vida política”. Se refería a que los arrestos llegan una semana después de que el jefe de gobierno vasco, Juan José Ibarretxe, anunciara una consulta popular para el 25 de octubre de 2008, para “resolver” el conflicto político del País Vasco. Azkarraga, tras lamentar que la Justicia española “esté al servicio de intereses ajenos”, mandó un mensaje al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y a la cúpula socialista, a los que recordó que en mayo pasado se reunieron “para hablar del futuro político del país” con los mismos dirigentes que ahora han sido detenidos.

Dos a prisión. Ayer, asimismo, fueron enviados a prisión por orden de Garzón dos importantes referentes de la izquierda vasca vinculada al entramado de ETA. Joseba Alvarez, responsable de relaciones internacionales de Batasuna, y Oihana Aguirre, de la organización Askatasuna, fueron imputados del delito de pertenencia a organización terrorista. El magistrado motivó su detención, que se produjo el pasado martes en San Sebastián, en que los dos convocaron a una manifestación ilegal el pasado 9 de septiembre en apoyo a los presos de ETA.   

El magistrado explica en su auto que la “reiteración de delito” que imputa a Alvarez se produce “en el marco de una escalada exponencial de acciones terroristas” y de violencia callejera (“kale borroka”), y que no es posible separar la actividad del imputado “de aquella otra acción violenta que la vanguardia armada desarrolla”.