“Es electoral el pedido para frenar la licitación de tren bala”

Agustín Rossi respondió así al recurso presentado por la fórmula Lavagna-Morales

El diputado nacional Agustín Rossi, titular de la bancada justicialista de la Cámara baja, salió a responder los cuestionamientos al tren de alta velocidad lanzados por el candidato presidencial Roberto Lavagna. Rossi dijo que el petitorio del ex ministro de Economía para que se suspenda el proceso de licitación “está motivado por cuestiones electorales. Es un intento para mejorar el posicionamiento de la fórmula que encabeza frente a las elecciones” del 28 de octubre.

Tal como lo publicó ayer La Capital, el compañero de fórmula de Lavagna, Gerardo Morales, presentó el miércoles una medida cautelar ante la Justicia federal para frenar la licitación del también llamado tren bala(que proyecta conectar a Buenos Aires con Rosario y Córdoba) porque consideró que todo el proceso iniciado hace más de un año viola la ley de obra pública y perjudica las arcas del Estado.

“La licitación y la adjudicación del tren bala cuestan 3.600 millones de dólares y no se cumplen los trámites legales necesarios. El gobierno de Néstor Kirchner tiene que parar de hacer negocios”, había dicho a este diario el senador nacional y candidato a vicepresidente por Una Nación Avanzada (UNA). La presentación recayó ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº12, cuyo titular es Guillermo Rossi.

El diputado santafesino Agustín Rossi, quien no tiene ningún lazo de parentesco con el juez, salió a defender el proyecto del tren de alta velocidad. “Es una obra que, además de los beneficios concretos que va a traer para uno de los mayores corredores de tránsito de pasajeros, mejorará todo el sistema ferroviario”, remarcó el legislador.

Rossi no dudó en definir el proyecto como un emprendimiento “digno de una Argentina que crece un nueve por ciento anual. Lo que pasa es que hay algunos que lo consideran exagerado porque piensan en un país con niveles de crecimiento mucho menores. Me parece que todo esto está teñido por la campaña electoral”, remarcó.

En ese sentido, el jefe de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados fue más lejos al remarcar que la discusión por el tren bala lleva varios meses. “Hace un año que se inició el debate y la obra está incluida en el Presupuesto general de la Nación. Por eso, me parece que (el planteo de Morales) tiene que ver exclusivamente con la cuestión electoral. Hay muchas cosas que ocurren en estos días que están influenciadas por las elecciones”, advirtió.

Una de las objeciones planteadas por el binomio radical opositor fue la cuestión de las prioridades de gobierno. “Que se utilicen los 3.600 millones de dólares para construir dos hospitales de alta complejidad, 450 escuelas y 87 mil viviendas sociales”, argumentó Morales.

“Este gobierno implementó un plan de ejecución de 700 escuelas y se han impulsados distintas obras de infraestructura. Esta semana el presidente inauguró un tramo de una obra sensible para los rosarinos, como la autopista a Córdoba. Me parece que el gobierno demostró en más de una oportunidad que está trabajando fuertemente en mejorar la infraestructura urbana, terrestre y social”, agregó.

El vocero del oficialismo en el Congreso consideró que la obra “hay que valorizarla por lo que significa uno de los corredores de tránsito de pasajeros más importantes que existe en la Argentina, como Rosario-Buenos Aires. Ni hablar si a esto le sumamos las potenciales vinculaciones a Santa Fe y Córdoba”.

Morales había solicitado directamente que la Casa Rosada suspendiera la licitación, teniendo en cuenta el inicio del proceso de electrificación integral, obra civil, infraestructura de vías, señalamiento y comunicaciones y provisión de material rodante para el servicio de la línea del Ferrocarril Mitre, preadjudicada al consorcio Alstom Transport SA y otras empresas.

El candidato a vice había reclamado que la Nación “se abstenga de adjudicar y suscribir el contrato respectivo” por considerar que hay una “violación palmaria de la ley de obra pública, que implica una inconstitucionalidad tal que lesiona derechos y causa un gravamen irreparable a las arcas del Estado”.

“Las irregularidades tienen varias puntas: el llamado a licitación original en 2006 fue por 2.400 millones de dólares, con financiamiento en mitades entre la concesionaria y el Estado. Ahora nos encontramos con un incremento de 1.200 millones de dólares, todo a cargo del Estado y sin condiciones técnicas suficientes. Kirchner no puede comprometer los presupuestos del futuro gobierno con semejantes cifras”, añadió.