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domingo,
23 de
septiembre de
2007 |
Grupos de ecologistas lanzaron una campaña contra las fumigaciones
Asociaciones ambientalistas de las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos lanzaron en esta ciudad la campaña “Paren de fumigar”, destinada a crear conciencia sobre los riesgos que provocan las fumigaciones y pulverizaciones con productos agrotóxicos.
Del encuentro participaron representantes de la Asociación Muyuqui (San Justo, Santa Fe), Centro de Protección a la Naturaleza (Santa Fe), Grupo de Reflexión Rural y Foro Ecologista de Paraná (Entre Ríos), Madres de Barrio Ituzaingó (Córdoba) y el local Centro Ecologista Renacer.
Los participantes mostraron su preocupación acerca de la situación de la agricultura, donde el sistema de siembra directa y la utilización de semillas transgénicas provocan “un creciente empleo de agrotóxicos”.
“El monocultivo de soja representa más del 70% de la producción agrícola nacional, y en ese contexto la fumigación integra un paquete ofrecido por las grandes compañías para llevarlo adelante”, apuntaron.
Además alertaron sobre la utilización de mayores dosis de veneno cada año, en una situación que pone en peligro al suelo, la biodiversidad y a los aplicadores de agrotóxicos.
Según se detalló, “Paren de fumigar” apunta a integrar personas e instituciones preocupadas por las situaciones que provoca esta actividad, facilitar la compilación de material legal y técnico, realizar encuestas y colectar datos para informes que serán presentados ante las autoridades, y denunciar ante los organismos competentes el marco de emergencia que implica este tipo de agricultura, entre otros objetivos.
Riesgo ambiental. En el encuentro se proyectó el documental “Siembra letal”, de Marcelo Viñas, y fue dictada una charla acerca de cómo proceder ante un evento de riesgo ambiental.
El análisis de la legislación provincial, que prohíbe la fumigación a menos de 500 metros de los radios urbanos, fue uno de los temas centrales del debate. “Actualmente los cultivos, especialmente de soja, llegan hasta la primera línea de viviendas urbanas, y si bien la ley existente es buena, el gobierno provincial y los gobiernos comunales no la hacen cumplir”, denunciaron los ambientalistas. l
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