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 domingo, 23 de septiembre de 2007  
Salta: desalojados denunciarán a la provincia por lesiones

Salta.- Las cincuenta familias desalojadas violentamente el viernes último de un predio cercano a la casa de Gobierno de la provincia de Salta, que ocupaban en forma ilegal, denunciarán mañana al Estado provincial por “lesiones” y “abuso de autoridad”.

Para fundamentar la presentación judicial, el abogado Daniel Tort, representante de los afectados por el operativo policial, consideró “inadmisible” el comportamiento de los uniformados y dijo que se puso en peligro “la vida de mujeres embarazadas y niños”.

También se difundió que este infrecuente accionar policial en el barrio Niño Jesús de Praga, al oeste de la capital, obedecería a un “boicot” del secretario de Seguridad provincial, Gustavo Ferraris, hacia el gobierno, ya que no se lo ratificaría en el cargo en un eventual nuevo gobierno justicialista.

El actual gobernador, Juan Carlos Romero, designó al actual vice, Walter Wayar, como postulante a sucederlo en las elecciones del mes próximo, pero éste no tiene en sus planes a Ferraris, quien ordenó la represión policial.

La intervención en el barrio Jesús María, evaluada como desmedida, fue ampliamente reproducida por televisión y generó fuertes repudios.

El desalojo fue ordenado por el juez correccional Héctor Martínez, ante una denuncia del secretario general de la Gobernación, Raúl Medina, por usurpación de terrenos.

Unas cincuenta familias se habían asentado sobre tres canchas de fútbol ubicadas a escasa distancia del Centro Cívico Grand Bourg, sede del gobierno provincial.

Se argumentó que esas familias tramitaban, sin resultados, la entrega de terrenos ante Familia Propietaria, organismo encargado de asistir a carenciados.

Además, se sostuvo que estos hechos obedecen al “elevado” déficit habitacional de la provincia. (DyN)


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