Los rectores, por una ley que garantice gratuidad y calidad

Las autoridades universitarias consensuaron los ejes centrales de una nueva norma

Garantizar la educación como bien público, mediante una ley que tenga la gratuidad y la calidad en la educación superior son algunos de los ejes principales del documento consensuado por los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), para sumar su opinión al debate, iniciado a principios de año, para reemplazar la ley de educación superior.

Buscando marcar una serie de lineamientos generales que debería contener la futura ley para el sistema de enseñanza superior nacional, las autoridades universitarias se reunieron el 23 y 24 de agosto pasado en Vaquerías (Córdoba). Con la presencia de representantes de todas la universidades que integran el CIN, los rectores nacionales culminaron el encuentro con la presentación de un informe preliminar.

Presente en el encuentro, el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Darío Maiorana, comenta que el cónclave sirvió, sobre todo, para comenzar a definir consensos sobre la nueva legislación. Entre los puntos más discutidos en la reunión de rectores, Maiorana apunta la necesidad de rever el esquema que vincula el presupuesto universitario a la ley de financiamiento educativo, la emisión de títulos habilitantes y la promoción de carreras prioritarias.

“Uno de los puntos en los que sí hay consenso es que la nueva norma no debe ser tan reglamentarista como la actual, sino que sea un marco legal que deje espacio a las universidades para que, en sus estatutos, definan las normas particulares”, apunta el ex decano de Humanidades.

A principios de julio, los rectores del CIN aprobaron un documento de trabajo sobre el tema llamado “Lineamientos para una reforma de la ley de educación superior”, el cual fue debatido en la reunión realizada en Vaquerías, y completado con un informe preliminar sobre la nueva ley. Mientras algunas universidades _como la de Rosario_ proponen directamente la derogación de la actual ley sancionada durante el menemismo, otras postulan una salida más moderada tendiente a la reforma solo de los artículos más polémicos.

Entre otros puntos, el texto aprobado en Córdoba destaca que “el Estado, en sus distintas instancias, tiene la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos los habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho”, y agrega que “la ley debe asegurar claramente la gratuidad de los estudios de grado”.

Además, el documento considera necesario que la nueva legislación garantice la autonomía, la autarquía y “reafirmar el concepto de la educación superior como derecho personal y social, y como bien público”.