Una batalla de más de diez años

Desde hace más de diez años, Rosario viene luchando para desalojar a las empresas cerealeras que desarrollan su actividad en Puerto Norte. Es que el plan director urbano de la ciudad prohíbe en esa zona la actividad desarrollada por esas empresas.

   Con la aprobación del Plan Regulador del Puerto de Rosario (por decreto ley nacional 2.322/70) se reafirmó el criterio de concretar toda la actividad portuaria en la zona sur de la ciudad. Fue así que durante las últimas décadas tanto la Municipalidad como el gobierno nacional realizaron importantes inversiones para cumplir con esos objetivos urbanísticos y resolver los problemas de accesibilidad, recuperar para usos públicos el área costanera y consolidar el Puerto Sur.

   En ese marco se construyeron el viaducto Avellaneda, las nuevas instalaciones de silos Unidad VI y Unidad VII, el acceso Sur, la playa ferroviaria de Villa Gobernador Gálvez y el acceso ferroviario al Puerto Sur, el parque Scalabrini Ortiz y la avenida de la costa Estanislao López.

   El problema surgió cuando la Municipalidad de Rosario se dispuso a regularizar el espacio público. Allí se encontró con la intransigencia de las empresas cerealeras.

   Después de duras batallas judiciales se recuperaron para la ciudad las tierras ocupadas por la Federación Argentina de Cooperativas Agrarias y Agricultores Federados Argentinos y por Genaro García SA. Las últimas confrontaciones fueron con Agroexport Servicios SA y Servicios Portuarios SA, después de que la Municipalidad intentara clausurarlas.

   La empresa que ahora deberá cesar su actividad en Puerto Norte accedió al lugar por licitación de una planta exportadora de la Junta Nacional de Granos. La licitación establecía la imposición como cargo de la concreta explotación de la planta como puerto exportador de granos. El conflicto nació entonces por la contradicción existente entre la actividad impuesta por la Nación mediante el cargo inserto en el pliego de continuar con la actividad, y la normativa urbana que la prohíbe en ese lugar.

   Finalmente, el Estado nacional resolvió relevar a Servicios Portuarios SA del cargo impuesto en el pliego de bases y condiciones de la licitación que regulara su venta.

   Pese a todo, la empresa inició acciones judiciales contra la Municipalidad y el Estado nacional ante el Juzgado Federal de Rosario en las que por sentencia del 23 de mayo de 2003 se admitió la demanda de amparo promovida por la firma impidiendo la clausura. La apelación se radicó ante la Cámara Federal de Apelaciones que confirmó una medida de no innovar, denegándole a la Municipalidad de Rosario su derecho sobre tierras ocupadas . Ahora la Corte nacional le dio la razón.