Condenan a vendedor de drogas y ordenan investigar a uniformados

Ariel Etcheverry / La Capital

El Tribunal Oral Federal Nº1 de Rosario ordenó que se investigue a miembros de la policía santafesina, su par federal y Gendarmería Nacional, por el presunto delito de encubrimiento en el tráfico de drogas. Las sospechas de connivencia de uniformados con el narcotráfico volvió a tomar fuerza en el marco del juicio oral y público que se llevó adelante contra Roberto Juan Uzin, un hombre de 66 años que fue hallado culpable de tenencia de estupefacientes para su comercialización.

   Dos comisarios de la Unidad Regional II, todo el personal que trabajaba en la seccional 14ª en la época en que se produjo el allanamiento que derivó en la intrucción de la causa, los policías que integraban la delegación Rosario de Drogas Peligrosas de la Federal y efectivos de Gendarmería recibieron reproches jurídicos por su desempeño en el caso.

   Todo eso fue expuesto durante la lectura del veredicto en el cual se condenó a 6 años de prisión Roberto Juan Uzín, sspena que se unifica con la dictada por la justicia provincial a partir del hallazgo de armas en el procedimiento que originó la causa y que se convierte en 8 años tras las rejas.

   

Niegan nulidades. En tanto, el tribunal rechazó los planteos de nulidades expuestos por los defensores del imputado, Alberto Tortajada y José Alcacer, y dejó abierta la posibilidad de revocar el beneficio de la prisión domiciliaria del que el hombre goza por razones de salud: “Se intima al imputado, que en el plazo perentorio de 30 días presente una historia clínica actualizada del padecimiento que motivara su detención domiciliaria. El estudio de mención deberá ser realizado en un hospital público y su falta de presentación podrá originar la revocación del beneficio”, dijeron los jueces.

   El Gordo Uzín fue detenido la noche del 11 de marzo de 2005 por agentes de la Brigada de Investigaciones que se presentaron en su parrilla de Pellegrini y Garzón. Llevaban una orden de allanamiento con el fin de localizar un arma de fuego robada. Ese artefacto no fue hallado, pero se incautaron 270 gramos de cocaína en bolsitas y piedras, dos pistolas, una escopeta y numerosas municiones.

   En los alegatos, el fiscal Ricardo Vázquez había pedido 7 años de prisión y su unificación con la condena dictada en los tribunales provinciales. En tanto, la defensa solicitó la absolución del acusado y planteó la nulidad del procedimiento policial que derivó en el juicio.



Lugar de encuentro. Tras cinco audiencias, el tribunal presidido por Laura Inés Cosidoy, secundada por Otmar Paulucci y Oscar Romera, dio por probado que en la parrilla de Uzin se vendía cocaína y que el lugar era frecuentado por efectivos de las tres fuerzas nombradas. Por ello ordenó que se envíen copias de las actuaciones al fiscal federal en turno para que investigue por presunto ocultamiento de pruebas a miembros de Gendarmería, la Federal y la policía santafesina.

   Sobre Gendarmería, quedó claro que esa fuerza investigaba desde mucho antes que la Brigada de Investigaciones rosarina los movimientos de Uzín. Los gendarmes realizaban escuchas telefónicas, pero según se constató en el juicio, al menos dos desgrabaciones no fueron volcadas al informe presentado al juzgado que supervisaba la pesquisa.

   En el fallo, el Tribunal pidió también que se investigue por el posible delito de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y encubrimiento a efectivos de la delegación Rosario de Drogas Peligrosas de la Federal en servicio en marzo de 2005.



¿Qué hacían? En cuanto al rol de la policía provincial, las sospechas más graves se centraron en los comisarios Néstor Ljümberg, ex jefe de Investigaciones, y Ernesto Evangelisti, ex titular de la seccional 14ª y actual jefe de Unidades Especiales. Según el fallo conocido ayer, deben ser investigados por presunto falso testimonio, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento en el tráfico de estupefacientes. El mismo Uzin y un ex empleado del comedor contaron durante el juicio que antes del allanamiento en cuestión, Ljümberg estuvo en varias oportunidades en el local, donde solía comer junto con otros oficiales. Además, su suegra era cocinera en el local.

   El cono de sombras también cubrió a los efectivos que trabajaban en esa época en la 14ª, en cuya jurisdicción está la parrilla de Uzín. En el proceso quedó probado que hubo 57 llamadas entre la comisaría y el local. En su descargo, Evangelisti dijo que probablemente algunos agentes se hayan comunicado con el comercio para “pedir comida” mientras estaban de guardia. l

Uzin junto a sus defensores.