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 sábado, 19 de mayo de 2007  
Diferencias en la inversión educativa por alumno
Según el Cippec, Santa Fe está por debajo del financiamiento medio

Matías Loja / La Capital

Que los chicos reciban la misma educación, de Usuhaia a La Quiaca, es la imagen que a diario expresan académicos y funcionarios para referirse a la meta de sortear las inequidades en el sistema educativo argentino. Sin embargo, y a juzgar por las diferencias en la inversión por alumno que realiza cada provincia, pareciera ser que el tipo de enseñanza que recibe cada alumno está atada, al menos en cuanto a la faz financiera, a la región del país en la que nació. Santa Fe (2.023 pesos) está por debajo de la media nacional (2.300).

Así, mientras que la inversión anual por estudiante en Tierra del Fuego es superior a los 5.500 pesos, en provincias como Salta y Misiones dicha cifra no supera los 1.300 pesos. Los datos —actualizados a 2005— se desprenden del quinto informe de monitoreo de la ley de financiamiento educativo del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).

El estudio advierte además que este indicador no expresa el esfuerzo financiero por el sector que realiza cada provincia, ya que disponen de recursos, tanto propios como del Estado nacional, “extremadamente desiguales”. En este sentido, el informe muestra que si bien el promedio de lo que las provincias destinan a educación representa casi un 24 por ciento del total de su presupuesto anual, en Buenos Aires, Corrientes y Santa Fe este número asciende al 30 por ciento. Paradójicamanente, las provincias patagónicas, beneficiadas con amplios recursos de la coparticipación, se encuentran por debajo de la media nacional de lo destinado a la enseñanza del total de gastos.

El Cippec había advertido en un informe de mediados de 2006 sobre la brecha salarial entre docentes de las distintas regiones del país, al comparar los 600 pesos de salario de un maestro formoseño de jornada simple con los más de 1.700 de un docente fueguino. El nuevo estudio abunda no sólo en la diferencia en la inversión educativa destinada a los alumnos en cada provincia, sino también al cumplimiento del compromiso de cada jurisdicción en el aumento de la inversión para el área, ya que según la ley de financiamiento educativo, sancionada a fines de 2005, las provincias asumieron la obligación de hacerse cargo del 60 por ciento del aumento educativo que esta norma propone, para llegar al 6 % del PBI nacional destinado a la enseñanza.

Vigente desde 1992, la ley de transferencia representó, entre otros cambios, que la inversión educativa quedara en manos de las provincias, al punto que desde allí el 80 por ciento del sistema quedó a cuenta de estas. La ley de financiamiento de 2005 prevé que, en 5 años, el Estado nacional aumente su participación en el sostenimiento del sistema en un 30 %.

   

De norte a sur

Tierra del Fuego, Chubut y Santa Cruz, con una inversión de 5.570, 3.464 y 3.463 pesos respectivamente, son las provincias que más dinero destinan anualmente por cada estudiante. En el otro extremo se encuentran Salta (1.156), Misiones (1.211) y Tucumán (1.512). Santa Fe, por su parte, destina según el Cippec, cerca de 2.023 pesos por cada chico en las escuelas, levemente por debajo de los 2.321 del promedio nacional.

“La ley de financiamiento no logra corregir las desigualdades en las provincias, no es suficiente porque sola no puede cambiar problemas estructurales, sobre todo porque la coparticipación no es equitativa”, argumenta Florencia Mezzadra, coordinadora del programa de Educación del Cippec.

Para la especialista, en realidad “lo que la ley de financiamiento intenta hacer es mejorar la inversión total del sistema, y apuntar a que las provincias que realizan un menor esfuerzo en el sostenimiento educativo hagan uno mayor”.

Ante esto, el informe del Cippec plantea entre los desafíos que le caben a los actores del sistema discutir si alcanzan los recursos de la ley de financiamiento educativo para las metas establecidas, ya que “estamos pensando que queremos extender la obligatoriedad del secundario, que todos los chicos del país aprendan una segunda lengua y que el 30 por ciento de los chicos tengan jornada completa”, apunta Mezzadra, para quien estos objetivos requieren tal vez para su cumplimiento de una inversión superior, “sobre todo para que no se convierta en un techo, en un contexto de crecimiento como el actual”.
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