En beneficio de la gente

Marcelo Carné / La Capital

La idea debe apuntar a dar un salto cualitativo del servicio de justicia para atender las necesidades de la gente. Así puede resumirse la carta de intención que en 2006 impulsó a los tres poderes del Estado y a instituciones académicas y gremiales vinculadas al mundo del derecho a rubricar el denominado Plan Estratégico para la Reforma de la Justicia.

Mientras las comisiones parlamentarias aún no han despachado en los recintos legislativos el mensaje remitido por la Casa Gris para instaurar el juicio oral en los estrados, el Ejecutivo remitió ayer al Palacio de las Leyes otros tres proyectos centrales para un sistema judicial anclado en el siglo que pasó. Se trata de la modernización del Código de Faltas (que tipifica y pena las contravenciones que no llegan a la categoría de delitos), la actualización funcional del Ministerio Público (es decir el rol de los fiscales y los defensores públicos) y la creación de la figura de la mediación, orientada a dirimir conflictos interpersonales o patrimoniales con mayor celeridad.

Con todo, el mejor y más moderno sistema no soluciona por sí mismo, cual panacea, los déficit estructurales de ningún sistema si no es acompañado por la eficiencia y honestidad intelectuales de quienes están encargados de llevarlo a la práctica. Pero en este marco, habrá que convenir que la modernización es un imperativo que no debe sufrir más dilaciones.

De hecho, la bota está rodeada de Estados vecinos (Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos) que ya cuentan con procesos orales que permiten agilizar las condenas.

Los mensajes rubricados por Jorge Obeid apuntan en ese sentido. Habrá que confiar en que las mejores intenciones no sean devoradas por la vorágine electoral que se avecina en el almanaque.