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 domingo, 11 de marzo de 2007  
Opinión
Dos caras de la situación fiscal en las provincias
La crisis en Buenos Aires pone en debate distintos modelos de administración

Salvador Di Stéfano

Las consecuencias de la mala administración en una provincia son los impuestazos, mientras que una buena administración es sinónimo de estabilidad fiscal, institucionalidad y reglas de juego claras. En el primer caso los nuevos impuestos son noticia de primera plana, mientras que en el segundo lo meritorio pasa a ser normal.

La provincia de Buenos Aires ha venido mostrando en los últimos años un recurrente déficit fiscal, en el año 2005 ascendió a 475 millones de pesos, en el año 2006 casi repitió dicho guarismo pero con el detalle que prorrogo la licencia de los bingos hasta diciembre de 2021 para poder bajar en 600 millones de pesos el déficit proyectado.

En el año 2007 no baja de un déficit de 1.600 millones de pesos con agravantes inmediatos. En los últimos días hemos observado cómo el ministro de Economía Gerardo Otero renunciaba al cargo, es que la provincia no podía afrontar la suba del salario docente, ya que esto incrementaba el déficit en 1.900 millones de pesos.


Emergencia permanente
La deuda pública se ubica en 33.327 millones de pesos, y solo este año tienen necesidades de financiamiento por 4.450 millones de pesos. La provincia vive en emergencia permanente, en el año 2001 se dicto una ley por la cual todos los que pagaran ingresos brutos por una suma superior a los $ 200.000 deberían abonar un 30% de alícuota adicional.

Esta ley sigue vigente pero elevó el mínimo a $ 1.000.000 por ende muchas actividades pagan un promedio del 3,9% en todo el territorio. Para agravar más la situación de las empresas hay un sistema de percepción de ingresos brutos por el cual las grandes compañías retienen el 4% cuando venden su mercadería como pago anticipado del tributo.

En muchos casos las empresas quedan con saldos a favor, para recuperar ese importe se deben someter a una inspección integral que nunca termina o finaliza ajustando el saldo a favor del fisco. Las propiedades y automóviles vieron incrementar fuertemente su avalúo por ley, lo cual llevó a un incremento en los impuestos inmobiliarios y patentes. Por si todo esto fuera poco, en breve podría estar aprobado el impuesto a la riqueza que grava a todos ciudadanos que tengan un patrimonio superior a los $500.000 sumando las valuaciones de propiedades y autos a su nombre.

Así, provincia de Buenos Aires pretende instaurar en el sistema tributario argentino la idea de la progresividad de los tributos y triple imposición, castigando al que más tiene, al que más produce y espantando a las inversiones.

En el año 2005 Santa Fe mostró un superávit fiscal de 624 millones de pesos, en 11 meses del año 2006 tiene un superávit de 465 millones de pesos y espera tener un superávit de 300 millones de pesos en el año 2007.

La deuda pública de Santa Fe es de 2,087 millones de pesos (equivalente al 7% de la deuda total de provincia de Buenos Aires) y representa el 28% de los ingresos totales. Es la segunda más baja medida por habitante de las provincias Argentinas, equivalente a $ 575 per capita, mientras que Buenos Aires supera los $ 2.500 per cápita. Además, la provincia cuenta con un fondo anticíclico superior a los 500 millones de pesos para afrontar cualquier tipo de contratiempo en la economía local e internacional, sin la necesidad de tener que recurrir al incremento de tributos.

En Santa Fe no se modificaron las alícuotas de ingresos brutos, no se incrementó el avalúo inmobiliario y de patentes, mientras que se eliminó la ley 5110.

Esta política de superávit fiscal y administración cuidadosa, le permitió al gobierno provincial incrementar salarios sin recurrir a ingresos extraordinarios (impuestazos) atendiendo las demandas de los trabajadores y llevar adelante un ambicioso programa de infraestructura invirtiendo 1.433 millones entre los 2004 y 2006, reservando para este último presupuesto 2007 una inversión adicional que alcanzaría los 810 millones de pesos.

En Santa Fe no es necesario recurrir a impuestazos para financiar incrementos salariales o realizar obra pública. Difícilmente conozcan el nombre de los responsables de la recaudación tributaria. Los indicadores nos convierten en la provincia mejor administrada de la Argentina, y si eso nos permite bajar la presión tributaria, eso es muy positivo para Santa Fe.
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